Mugre por todos lados, cloacas tapadas, olores nauseabundos y jaulas a la intemperie. Mendoza vuelve a estar en boca de todos. Ahora por las condiciones “inhumanas y degradantes” en las que viven los presos de los principales complejos penitenciarios de la provincia.
Ante la “cruel” realidad, el fiscal general a cargo de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), Miguel Palazzani, conjuntamente con el fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, Dante Vega, denunciaron penalmente a las autoridades del Complejo Penitenciario I “Boulogne Sur Mer”, del Complejo Penitenciario II “San Felipe”, y del Complejo Penitenciario III de Almafuerte, luego de constatar durante una inspección las graves condiciones de detención que padece parte de la población penal.
La inspección de los fiscales se llevó a cabo en el contexto de un amplio y profundo Monitoreo del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, que preside el juez Gustavo M. Hornos, de la Cámara Federal de Casación Penal, que recorrió cinco unidades penitenciarias de la provincia cuyana en 48 horas.
Ante el no cumplimiento de las exigencias mínimas para el alojamiento de los reclusos que se detectaron en las supervisiones, la Procuraduría interpuso además las correspondientes acciones de hábeas corpus, de tal modo de obtener una urgente reparación a situaciones que “colocan en riesgo la salud de los detenidos”.
El jueves pasado, la titular del II Juzgado de Ejecución Penal de Mendoza, Mariana Mercedes Gardey Merino, hizo lugar al pedido de la Procuvin y ordenó que con carácter “urgente” se lleven a cabo una serie de reparaciones en el Complejo Almafuerte, más concretamente en las alas II y IV, donde constató que las deficientes condiciones de detención tornan “cruel, inhumano y degradante” el cumplimiento de la pena por parte de las personas privadas de la libertad.
Entre las medidas dispuestas por la magistrada se encuentra la prohibición de utilizar como hábitat de alojamiento los “jaulones” ubicados en la entrada del Módulo V, una de las irregularidades que se detectaron durante una inspección el pasado 10 de junio.
En esa ocasión, se detectó la presencia de “tres detenidos alojados a la intemperie, en medio del frío, en una celda confeccionada sin paredes”, cuyas estructuras coinciden exactamente con las de una “gran jaula”.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal advirtieron sobre las “graves deficiencias registradas”, las cuales abarcan todos los aspectos del régimen de encierro, desde infraestructura, sanitarias, de alimentación, de acceso a la salud, a la justicia, a actividades educativas y de esparcimiento, entre otras.
“Los plazos para la solución de los problemas edilicios ya resueltos ut supra se encuentran vencidos, por lo que es necesario dar una pronta, rápida y efectiva solución a ello atento a que dicho incumplimiento deviene en una franca violación a los derechos humanos de los internos alojados en dicho módulo”, señaló la jueza Gardey Merino.
La magistrada destacó además que las circunstancias en las que se encuentran actualmente los internos contradicen lo ordenado por la Constitución en su artículo 18 cuando establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigos de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice”.
Así ordenó a las autoridades penitenciarias la presentación –en un plazo de 48 horas– de un cronograma de obras que implique la reparación simultánea de celdas, de la calefacción, del sistema sanitario, eléctrico, así como la instalación de vidrios. Entre otras medidas, la magistrada dispuso además la limpieza y el mantenimiento permanente de las duchas, y la realización de las gestiones correspondientes para garantizar la cirugía a la que debe someterse un detenido.
Desde el Servicio Penitenciario Provincial admitieron –en parte– las falencias. Su titular, Eduardo Orellana, dijo que trabajan “todos los días para que se cumplan las leyes” y que “en el corto plazo” se realizarán las tareas necesarias para solucionar los problemas.
Al mismo tiempo, Orellana se justificó al sostener que las inspecciones se realizaron en “lugares muy específicos”. “Son los peores que tenemos, con mucha gente en conflicto, donde hay alta rotación pero con ciclos muy cortos de vandalismo y mantenimiento”, señaló en diálogo con el diario La Nación.
