Una nueva filtración al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés ) con sede en Washignton reveló que el Grupo Socma de la familia Macri tiene otra empresa offshore, pero esta vez en las islas Bahamas, que se suma a Fleg de Panamá. La filtración difundida por los periodistas Will Fitzgibbon y Emilia Díaz-Struck del ICIJ también informa que los grupos Bulgheroni, Garfunkel, Techint, Blaquier y otros también tienen empresas registradas en Bahamas, aunque estaría declaradas ante la AFIP (Ver ).
Esta es la segunda filtración de datos sobre 175.000 offshore del ICIJ también incluye a la familia del ex presidente Fernando De la Rúa. Antonio y Fernando de la Rúa crearon, según el ICIJ, las off shore Furia Investments Holdings Inc y en Bonds Cay Development Bahamas LTD. El ICIJ es una asociación internacional de periodistas sin fines de lucro.
En cuanto al Grupo Socma, el ICIJ informó que puso plata en la offshore ViajeYa.com vinculada al turismo. La empresa tuvo un capital inicial de 10 millones de dólares. Tanto el presidente Mauricio Macri ni su padre figuran en las actas de constitucion de la empresa. Los datos del ICIJ fueron difundidos por el diario La Nación. En cuanto a los grupos empresarios, aparece Techint con una offshore denominada Techint International Construction Corp (Tenco). En la primera filtración, el ICIJ reveló que Mauricio Macri participaba de la offshore Fleg. Por ese dato, Macri está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado.
Por otra parte, el juez de instrucción penal Diego Slupski pidió informes a Panamá y Suiza sobre dos sociedades que aparecen en los “Panamá Papers” relacionadas con el ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti. El juez pidió también las declaraciones juradas de Grindetti al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la AFIP, para constatar si esas sociedades están mencionadas adecuadamente. El magistrado Slupski se hizo cargo de la investigación contra Grindetti por decisión de la Cámara del Crimen, que resolvió una cuestión de competencia ante una denuncia que formuló el fiscal de instrucción Martín Niklison.
Grindetti “figura entre julio de 2010 y julio de 2013 como habiendo recibido del estudio Mossack Fonseca un poder especial para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu Ag, radicado en Suiza”, sostiene la denuncia.
Sobre la base de información contenida en la investigación periodística denominada “Panamá Papers”, la Cámara determinó que la investigación “es competencia del fueron de instrucción dado que fue cometido por funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
La información internacional a Suiza y Panamá fue canalizada vía exhorto de la Cancillería, en tanto que los oficios a la AFIP y al gobierno porteño fueron girados directamente desde el juzgado.
Tanto Macri como Grindetti, que fue directivo del grupo Socma, de la familia Macri, luego ministro de Hacienda en el gobierno porteño y hoy a cargo de la comuna de Lanus, fueron denunciados penalmente luego de que se difundieran documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca, en el marco de un convenio con el Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ.
A Grindetti se lo investiga por no haber puesto en su declaración jurada la cuenta suiza ni las acciones de la firma Mercier International, aunque el hoy intendente explicó que no lo hizo porque la empresa no había tenido ninguna actividad.
El caso tramito en la justicia federal, en manos del fiscal Patricio Evers y la jueza María Servini de Cubria, donde se abrió una causa por presunto enriquecimiento ilícito, pero finalmente fue derivada al fuero ordinario porque el presunto delito se habría cometido siendo funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por lo tanto no sería competencia de los tribunales de Comodoro Py 2002. Por su parte, la ministra de Interior británica, Amber Rudd, dirigió dos empresas con sede en un paraíso fiscal antes de involucrarse en política, según reveló el diario The Guardian a partir de una filtración del ICIJ. Amber Rudd, de 53 años y designada en julio titular de Interior por la primera ministra, Theresa May, dirigió entre los años 1998 y 2000 las firmas ubicadas en Bahamas Advanced Asset Allocation Fund y Advanced Asset Allocation Management. El ICIJ difundió este y otros casos de políticos de otros países.
El diario británico, que puntualiza que no hay indicios de que la ministra estuviera involucrada en “actividades irregulares”, afirma que Rudd, diputada desde 2010, fue asimismo codirectora de Monticello, una compañía que estuvo en el centro de una investigación por malas prácticas en el mercado de valores. El rotativo revela asimismo que la responsable de Interior estuvo “involucrada” en una empresa de prospección de diamantes en Siberia y hace hincapié en que Rudd no hizo pública su trayectoria profesional el pasado abril, cuando el entonces primer ministro, David Cameron, se vio envuelto en un escándalo al conocerse que estuvo en posesión de activos en un fondos “offshore”.
“Rudd afirmó que su carrera en los negocios anterior a la política es conocida públicamente, pero declinó responder a preguntas, incluido si tuvo inversiones en compañías en Bahamas o si esas compañías pagaron impuestos en el Reino Unido”, indica el periódico.