En líneas generales la decisión del gobierno nacional de saldar los juicios pendientes con los jubilados por los haberes mal liquidados fue respaldada por los principales referentes de la oposición. Sin embargo, la letra chica del proyecto tiene algunos ítems que provocaron ciertos reparos.
Uno de ellos es la libre disposición de las acciones que adquirió la Anses con la estatización de las AFJP. El titular de Anses, Emilio Basavilbaso, aseguró que no hay un plan sistematizado para desprenderse de esos activos pero “si es necesario” lo van a hacer.
“No hay un plan para vender las acciones. La gestión anterior antes de irse votó una ley que no permite venderlas. Lo que queremos nosotros es tener flexibilidad para comprar y vender porque si empieza a bajar el valor de la acción y no la podemos vender, no somos un buen inversor. Si hace falta venderlas para financiar a los jubilados, lo vamos a hacer”, declaró el funcionario en diálogo con Vorterix.
El proyecto, que este jueves comenzará a ser debatido en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión social de la Cámara de Diputados, incluye además una pensión universal para mayores de 65 años y amnistía fiscal que servirá para financiar los pagos a los jubilados.
Basavilbaso prometió que una vez sancionado el proyecto no habrá ningún adulto mayor que se quede sin protección del Estado en la Argentina. No obstante, aclaró que la ley insta al Congreso a trabajar para sancionar un nuevo régimen jubilatorio en los próximos tres años.
El funcionario adelantó que van a “adaptar” la moratoria vigente para que las personas puedan “comprar” los años de aportes que les hacen falta para jubilarse. Sin embargo, los criterios serán mucho más restrictivos que antes. Aquellos que no puedan ingresar en ese plan que permite ingresar aportes hasta 1993, deberán esperar hasta los 65 años para acceder a una pensión universal, que garantiza un haber equivalente al 80% de la jubilación mínima.
Desde la oposición cuestionaron la edad elegida para las mujeres, muchas de las cuales quedarán sin protección durante cinco años, ya que la edad establecida para jubilarse es de 60.
