A poco más de 10 días de que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, presente en el Congreso la Pauta de Gastos y Recursos para 2017, el jefe de Gabinete de Ministros, junto a todo su equipo ministerial, dispuso la ampliación del abultado déficit fiscal para el corriente año en más de $142 mil millones, equivalente a dos puntos del PBI de poco más de $7,5 billones.
Así surge luego de procesar las 406 páginas anexas al Decreto 975 que publica hoy el Boletín Oficial, el cual ratifica una vez más el “dibujo” que aprobó el Congreso en el último trimestre del año anterior, porque no contempló erogaciones básicas como el pago de los aumentos de jubilaciones previstos en la Ley de Movilidad, ni el pago del Fondo de Incentivo Docente.
Se trata de necesidades de gastos no previstas por poco más de $148 millones, de los cuales sólo $5.314 millones serán cubiertos con recursos tributarios superiores a los presupuestados. Ayer la AFIP informó que por efecto de la baja de impuestos y eliminación de retenciones la recaudación tributaria aumentó en el año muy por debajo de la tasa de inflación.
De ahí que la principal fuente de financiamiento para el pago de los gastos ahora reconocidos será la expansión de la deuda pública por $330 mil millones entre 90 días y un año de plazo y otros $380 mil millones entre un año y medio y cuatro años de plazo, para cubrir tanto el pago de intereses de la deuda pública como los gastos operativos que no se pueden atender con recursos tributarios.
Fundamentos de la modificación presupuestaria
Como ha sido una constante en los últimos 15 años, el jefe de Gabinete debió apelar a superpoderes delegados por el Congreso Nacional, porque 2016 no fue la excepción en el que el Presupuesto General de la Administración Nacional aprobado por los legisladores no contempló cabalmente “las reales necesidades presupuestarias de la Administración Nacional para dicho ejercicio” como el impacto del valor de la movilidad prevista para el incremento de las Jubilaciones y Pensiones de acuerdo con lo establecido por el Artículo 32 de la Ley 24.241 y la real evolución del costo del subsidio a la energía, en este caso por $69.643 millones, además para el transporte público de pasajeros y carga, y agua potable, el Fondo de Incentivo Docente, entre otros.
Específicamente, el decreto 975 resalta la necesidad de “atender gastos adeudados correspondientes al servicio de provisión de insumos, distribución postal y digitalización de los acuses de recibo de las entregas de los Documentos Nacional de Identidad y Pasaportes”.
También considera necesario “reforzar el Presupuesto destinado a la atención de las jubilaciones, retiros y pensiones de la Gendarmería Nacional y el pago de retiros y pensiones militares”.
Una partida relevante surge del refuerzo de la política social del Gobierno que impulsó la “Pensión Universal para el Adulto Mayor de carácter vitalicio y no contributivo, para todas las personas de sesenta y cinco años de edad o más que no sean beneficiarias de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo”, por un total de $24.352 millones.
Además, se autorizó al Ministerio de Hacienda a otorgar un préstamo por $4.000 millones al PAMI para que pueda pagar en lo que resta del año deudas atrasadas con laboratorios por el suministro de medicamentos. Deberá reembolsarse en cuotas trimestrales en los próximos dos años.
Además, el decreto 975 fijó un “límite máximo de $14.480 millones destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial, administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley 27.260″ de Reparación Histórica a los Jubilados, además estableció un “tope de $1.911 millones para el pago en efectivo de deudas previsionales reconocidas en sede judicial, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal”.
Las mayores partidas presupuestarias agregadas al Presupuesto 2016:
Programa de Asistencia Social a cargo del Tesoro Nacional, $15.174 millones;
Obras de operación, mantenimiento y servicio de apoyo en el Corredor Vial H5-Autovía Luján, $10.500 millones;
Asistencia financiera a provincias por $5.000 millones;
Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales, $4.389 millones;
Servicios de la deuda pública, $4.133 millones;
Programa del Ingreso Social con Trabajo, $3.460 millones;
Ministerio de Seguridad para políticas de investigación del delito organizado, $3.053 millones;
Funcionamiento del Hospital El Cruce de Florencio Varela, $1.975 millones;
Fomulación y ejecución de políticas de Transporte Ferroviario, $1.703 millones.
