Trabajadores del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) denunciaron que el presidente Carlos Arce, que respondería al exministro Ricardo “Pelito” Escobar, bajó la orden a sus funcionarios cercanos de presionar a todo el personal del Instituto para que firmen y adhieran a la lista oficialista, en el marco de las elecciones de directores por la rama activa y pasiva.
Los comicios en este organismo provincial se realizará el próximo 10 de junio y todavía no están definidos quiénes serán los candidatos, aunque el oficialismo ya comenzó a recorrer las dependencias ubicadas en las localidades del interior para “buscar” el apoyo de los votantes.
La misma situación estarían atravesando empleados estatales de otros organismos y ministerios, a los cuales se les “invita” de manera poco cordial a firmar las adhesiones en favor de la lista oficialista.
Si bien los que no quieren firmar, no estarán obligados a hacerlo, en los ámbitos laborales del Estado esa actitud se toma como una traición que tarde o temprano le valdrá alguna represalia al empleado que no acompañe.
Pero lo más grave es que las adhesiones están en blanco, o sea que no se sabe exactamente a favor de quién tienen que firmar. Según pudo averiguar este Diario, la estrategia del oficialismo es impulsar en una especie de interna entre dos o tres candidatos para ver cuál de ellos junta más adhesiones, y una vez realizado el conteo, sumarle las adhesiones de los otros al que más reunió.
Olor a fraude
Hace dos años, los jubilados denunciaron fraude en las elecciones de representantes de la rama pasiva, al considerar que adulteraron las actas y le voltearon las urnas, cambiando el resultado e impidiendo a un representante independiente formar parte del directorio. Esta maniobra se habría realizado para impedir que se transparente el manejo de los millones de pesos que corresponden a los trabajadores activos y jubilados.
Ahora sospechan que desde la conducción se está gestando una maniobra similar y oscura, y apuntan contra el propio presidente del organismo, Carlos Arce, y a Wiliam Aldana, presidente de la Junta Electoral.
Este grupo denuncia que desde que se anunciaron las elecciones, el 16 de febrero pasado, hasta los primeros días de este mes no pudieron establecer un contacto con la Junta Electoral y además no pudieron acceder al reglamento de las elecciones, resoluciones, listado de afiliados en condiciones de votar y toda la documentación necesaria para confeccionar la lista lo antes posible para inscribirse para los comicios.
Ante esta maniobra llegaron a la conclusión de que el oficialismo, que cuenta con “todo el apoyo logístico gubernamental”, encima “adopta tácticas para desalentar la formación de listas opositoras, mediante la demora de funciones que le competen”.
“Ya tenemos experiencias de años anteriores y sabemos que cuando esto empieza mal, termina mal. Hace dos años (presidencia de Sandra Montiel) nos aparecían resoluciones a último momento que cambiaban el reglamento, cambiaban el instructivo para los fiscales y hasta nos cambiaron la lista de avales, provocándonos grandes contratiempos. Ni hablar de lo que ocurrió con el resultado”, dijo uno de los trabajadores opositores a la conducción actual, recordando que habían denunciado claro fraude electoral.
Desde el IPS detallaron que la presentación y oficialización de las listas de candidatos deberán ser avaladas ante la Junta Electoral, hasta el 10 de mayo de este año, antes de las 20. Y que todo proceso electoral, como así también cualquier trámite inherente al mismo, estará a cargo de la Junta Electoral.