Senado aprobó y giró a la Cámara Baja el proyecto de ley que por el cual se declara la “emergencia social” y “la emergencia alimentaria” en todo el territorio nacional, medida impulsada por las organizaciones sociales que integran la llamada economía popular y cuenta con el respaldo de las centrales sindicales y la Iglesia.
El proyecto fue aprobado, en general, por 45 votos afirmativos contra 13 negativos del oficialismo, sin que se registraran abstenciones.
La media sanción se logró dos días antes de la marcha al Congreso convocada por las organizaciones sociales, que contará con el apoyo de la CGT, y que buscará reforzar el reclamo por la aprobación de la norma.
Al informar el proyecto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el peronista bonaerense Juan Manuel Abal Medina, indicó que la norma “tiene como origen un reclamo social concreto” y fue impulsado por “organizaciones sociales de los más diversos sectores y de las más diversas ideologías políticas”, tras la marcha de San Cayetano en agosto pasado.
En ese sentido, señaló que la iniciativa implica “un paso muy importante para salir de la idea ‘planes sociales’ para ir a la idea de ‘trabajo en el plano social'”, para luego recordar que, según los especialistas en materia laboral, “por cada puesto de la economía formal que se pierde, se pierden cuatro de la economía informal”.
El proyecto declara la emergencia social por un año en todo el país, apunta al fortalecimiento de la llamada economía popular y también dispone que se declare la emergencia alimentaria, así como la implementación de un ingreso social o salario social por trabajo, con la disposición de implementar un millón de nuevos puestos de trabajo en la economía popular, con la intención de consolidar “la generación de empleo genuino”.
Además, propone el incremento del 15 por ciento mensual de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo, e implica un costo adicional de mil millones de pesos si se aprueba en noviembre al presupuesto del año en curso y otros diez mil millones de pesos para el año próximo, es decir 11 mil millones de pesos en total, explicó Abal Medina.
En ese sentido, el legislador peronista reconoció que la norma “supone la reasignación de un conjunto de partidas”y para ello también se ha impulsado a nivel de la Cámara Baja, por tratarse de impuestos, la creación de un “gravamen específico sobre la explotación del juego” y a la renta financiera, así como la reinstalación de las retenciones mineras.
La réplica del oficialismo llegó de parte del radical formoseño Luis Naidenoff, quien apuntó: “Generar expectativas de crear un millón de puestos de trabajo no podemos hacerlo sólo con el objeto de conseguir un título de la emergencia” y dijo que la iniciativa es “un catálogo de buenas intenciones”. “Se puede decir que Diputados avance en impuestos al juego y a los plazos fijos o el giro de utilidades de empresas al exterior. Me parece bien, pero es el reino del revés”, agregó y le apuntó al kirchnerismo, al decir que “nunca, en doce años, se quiso gravar al juego o a los plazos fijos” y apuntó que en diciembre “nos encontramos con 7 millones de trabajadores en el mercado informal”.
También, advirtió que “esta aproximación a diciembre (de tratar el proyecto), nos hace entrar en terreno sinuoso” y acusó a un sector de la oposición, sin hacer nombres propios, de buscar “el veto de la ley” sin tener en cuenta que “genera expectativas en la gente que después no se cumplen”.
A su turno, la ultrakirchnerista Virginia García criticó el proyecto por cuestiones de técnica legislativa y por ser “una gran expresión de voluntarismo”, pero aclaró que iba a acompañar con su voto “porque reivindico la lucha de las organizaciones sociales que promovieron este proyecto”.
Mientras, el macrista Pedro Braillard Poccard, como titular interino del interbloque Cambiemos, adelantó el voto negativo de la alianza gubernamental e indicar que el gobierno está haciendo “un enorme esfuerzo tratando de mantener un equilibrio de oportunidades para todos los argentinos”.
