Además de los subsidios irregulares otorgados entre 2009 y 2010 a una decena de cooperativas por parte del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli revelados ayer por Clarín, el fiscal platense Alvaro Garganta también analiza presuntos casos de facturación trucha en la administración saliente de la provincia de Buenos Aires y con la mira puesta, en este caso, en el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez.
El principal funcionario de Scioli quedó bajo la lupa de la Justicia a partir de gastos del año pasado y 2014 por un total de 17 millones de pesos con facturas de comerciantes reales pero que habían generado gastos sensiblemente inferiores.
Así lo reveló anoche el programa Periodismo Para Todos (PPT), de El Trece, que también dedicó buena parte de la emisión al country Abril, ubicado en el partido de Berazategui y refugio de varios funcionarios o ex funcionarios vinculados al sciolismo o al kirchnerismo.
Entre otras se mostraron las casas del ex subsecretario de Inteligencia Francisco “Paco” Larcher, dos de las nueve propiedades que allí tiene el empresario tabacalero Carlos Daniel Tomeo -el mismo al que en un allanamientos se le encontraron 4 millones de pesos- y la del ex subsecretario administrativo de la Jefatura de Gabinete provincial Walter Carbone, el hombre que escondia una caja fuerte en el jardín de su vivienda bajo la escultura de un dragón.
Carbone -a quien la investigación de PPT, a partir de las denuncias de la diputada Elisa Carrió y las pesquisas judiciales del fiscal Garganta calificó de “el cajero” de Alberto Pérez- quedó involucrado en el caso de facturación trucha revelado ayer por el programa conducido por Jorge Lanata.
De acuerdo con la investigación periodística, Carbone era el encargado de rendir los gastos de diversos eventos, como capacitaciones o charlas, autorizados por Pérez a través de la emisión de gastos para partidas extrapresupuestarias.
El asunto es las irregularidades que se detectaron en los gastos originados. Por ejemplo, una factura que según Carbone había emitido un proveedor por 150 mil pesos por el “catering” y “refrigerios varios” para el evento “Mesa de Diálogo Político” del 10 de abril de 2015, en realidad había sido hecha el 5 de diciembre de 2013 por diez tapas de empanadas y cinco masas para tarta tipo pascualina por valor $ 121,90.
“Esto da mucha bronca, indigna. Nosotros somos gente de laburo”, dijeron en la distribuidora de tapas para empanadas de City Bell usada para la maniobra. Similares casos se registraron en otros comercios constatados por PPT. Una librería que había facturado $ 562 por unos avisos en el diario El Día aparece como proveedora de “18 Banners impresos en vinilo” para la “presentación del sistema integrado de coordinación legislativa” costaron $ 90 mil pesos que ese comercio nunca cobró.
