Hacer un balance del primer año de Gobierno, sin tener muy en claro el punto de partida, no sólo por la singular devaluación que en el pasado lustro sufrieron las estadísticas públicas, y por los severos desajustes que arrastraban las principales variables de la economía, como tipo de cambio, tarifas, tasas de interés, déficit fiscal, estancamiento de la actividad agregada y persistencia de un estado default parcial por más de 14 años que impidió acceder al mercado internacional de deuda en uno de los períodos históricos de tasas de interés por el piso, sino también porque aparecieron deudas no registradas, pagos a proveedores con atrasos de más de seis meses, oficinas públicas desmanteladas e infinidad de obras paralizadas-según denunciaron varios funcionarios a poco de asumir-, resulta complejo y naturalmente incompleto.
Desde el 10 de diciembre de 2015 se anunció casi hasta el cansancio el propósito de encarar cambios profundos, tanto en lo referente a las políticas que apuntarían a la normalización de la economía, como a dar respuesta a viejos reclamos sociales en pos de una mejor distribución de los recursos en la sociedad, y recrear un clima de negocios.
Sin embargo, en el primer año los logros no sólo fueron parciales, sino que peor aún estuvieron desdibujados por la incapacidad o resistencia a atacar uno de los principales males que se arrastran desde hace más de 60 años: el crecimiento de un estado que gasta mucho más de lo que recauda y de modo altamente ineficiente, porque no sólo no cumple plenamente con las tareas primarias definidas en la Constitución Nacional, sino porque además es la causa del ascenso de la pobreza y la degradación de la Argentina en cualquier ranking internacional, porque con una singular presión tributaria en todos los órdenes, nacional, provincial y municipal, desalienta la actividad privada y promueve el estancamiento y el atraso de la sociedad en su conjunto, que crece de modo desarticulado.
Shocks, gradualismo y más de lo mismo
En primer lugar el Gobierno fue contundente en levantar el cepo y liberar el tipo de cambio. Fue un acierto porque terminó con dos grandes ataduras al desarrollo económico y una inquietante inflación reprimida, como quedó demostrado en el primer semestre de gestión.
Pero al mismo tiempo fue desacertada la estrategia de no exponer y explicar la herencia recibida y de no cumplir con todas las formas legales para normalizar la economía, dentro de las limitaciones que impone una situación socioeconómica alarmante, y del programa de colocación de deuda para pagar vencimientos y compromisos que no estaban registrados, como con los holdouts, -con un aumento neto muy acotado- porque alimentó las críticas de la oposición por un supuesto aumento del atraso cambiario que recibió, o que incentivó la fuga de capitales, cuando fue el acto natural de quitar los obstáculos para el movimiento de divisas, porque nadie entra donde no lo dejan luego salir; y tampoco sobre los tiempos inerciales con que reaccionan las variables macroeconómicas, expansivas como las monetarias, o las reprimidas, como las tarifas y el tipo de cambio.
También fue un acierto la rápida eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales, de productos de economías regionales y a la actividad minera y mayoritariamente a la economía pampeana, con la exclusión del complejo sojero para el que diseñó un esquema de baja gradual, porque constituye un impuesto distorsivo que desalienta la producción y las exportaciones.
Fueron acertados los pasos tomados para cerrar definitivamente en sólo cuatro meses el default parcial que se extendió por 14 años, con amplio apoyo legislativo, porque con ello se reabrió la puerta del mercado internacional de deuda, no sólo por parte del sector público, sino también del privado, a tasas sustancialmente menores que en el pasado reciente, porque el índice de riesgo país descendió más de 200 puntos básicos y los intereses pactados llegaron a reducirse en hasta 500 puntos básicos.
Por el contrario, incurrió en un claro y costoso desacierto en materia de recomposición de los cuadros tarifarios, en particular del gas domiciliario y energía eléctrica, porque no sólo desoyó las recomendaciones de cumplir con la exigencia normativa de convocar a audiencias públicas, antes de aplicar aumentos que, por no advertir el campo minado heredado, llegaron a más de 20 veces, tanto para algunas familias, como para muchas pymes electro y gas intensiva.
Fue un acierto la política monetaria del Banco Central de ocuparse y preocuparse por fijarse como meta principal la preservación del valor de la moneda, esto es en la baja de la tasa de inflación. Pero fue incapaz en explicar a la sociedad en su conjunto que el pico de suba de los precios, de un ritmo de 25% al año cuando asumió el Gobierno, a un pico de más de 43% anual entre el segundo y tercer trimestre, fue la consecuencia del desborde de la emisión de moneda en los últimos seis meses de la gestión en la entidad de Alejandro Vanoli, cuyo efecto en precios se manifestó entre 6 y 8 meses después.
Gran parte de la aceleración de la inflación se explica por la exagerada expansión de moneda en los últimos seis mes del gobierno anterior, pero también se asocia a la incapacidad de bajar el abultado déficit fiscal heredado
Fue desacertada la decisión del Banco Central de no revertir el aumento de la deuda asumida con la colocación de Letras como principal instrumento de regulación monetaria, y reemplazarla por una suba gradual de los encajes bancarios no remunerados, porque no sólo el pago de intereses genera un alto costo cuasi fiscal al duplicarse en un año y equiparar el nivel de la cantidad de dinero en circulación y en bancos, sino que además afecta a las expectativas de los agentes económicos, y contribuye a que la flotación del tipo de cambio no sea tan limpia, porque está afectada por la fijación de tasas de interés reales positivas, esto es por arriba de la inflación esperada, que conspiran contra la competitividad cambiaria de la producción nacional.
Aparece como desacertada la falta de protagonismo de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Gustavo Marconato, aunque claramente dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, porque no sólo nunca explicó el real estado de las cuentas públicas, tanto del lado contable, esto es de la diferencia entre los ingresos por impuestos internos y al comercio exterior y cargas sobre los salarios, y los gastos para el sostenimiento del estado, como de los desvíos de fondos que muchas reparticiones de Gobierno denunciaron que se hacían en el pasado por actos de corrupción y sobreprecios y qué destino tuvieron esos recursos si desde el 10 de diciembre de 2015 no fueron repetidos.
Fue un acierto que frente a la inquietante realidad social, con índices de pobreza que afectan a casi un tercio de la población, y que en parte por efecto inercial de la señalada sobreexpansión monetaria en el último semestre del Gobierno anterior, pero también por las medidas tomadas para tender a normalizar la economía en materia cambiaria, tarifaria, costo del dinero, y apertura de la economía, se acrecentó en un par de puntos porcentuales (un millón de personas, según estimaciones privadas), se intensificaran las medidas de asistencia social y se redujeran diversos impuestos, como retenciones, suba mínimo no imponible de Ganancias y devolución parcial de IVA a gastos de jubilados, entre otros.
Fue un claro desacierto no haber logrado bajar el crecimiento del gasto público al ritmo de aumento de los recursos genuinos y reducir el rojo fiscal primario
El desacierto de no haber logrado bajar el crecimiento del gasto público al ritmo de aumento de los recursos genuinos, no sólo agravó el abultado déficit fiscal heredado, sino que con ello afectó al extremo las expectativas de los agentes económicos.
El Gobierno había comenzado su gestión con una acertada política de reincersión en el gran mundo internacional de los negocios que todos los enero tiene lugar en la ciudad Suiza de Davos, donde mantuvo reuniones con los principales CEO del planeta, primeros ministros del mundo desarrollado y altos directivos de centros financieros de peso, donde cosechó promesas de inversiones como nunca había recibido el país, al punto que fue allí donde selló el compromiso de que Buenos Aires tuviera su “mini Davos”, en septiembre, donde se repitió la escena y ya sumó más de USD 58.000 millones hasta fin del mandato en 2019.
Pero hasta ahora quedaron en eso, meros compromisos. Es cierto que desde el anuncio de una inversión hasta su maduración, o al menos el inicio de su ejecución, puede demorar de seis a nueve meses. Pero las señaladas incapacidades para reducir el déficit fiscal, y la manifiesta vocación de la clase política por pensar más en crear impuestos, que en reducirlos, para poder sostener una viciosa política de expandir el gasto público improductivo, fenómeno que hasta ahora mantuvo Cambiemos, afectó las expectativas.
Sobre todo por que el Gobierno no cumplió con la prometida presentación de sendos proyectos de reformas integrales del sistema tributario y la legislación laboral, junto con el Presupuesto 2017 que anunciara el presidente Mauricio Macri en una entrevista exclusiva con Infobae, las cuales se consideran claves para recomponer la competitividad de la producción nacional sobre bases sólidas, en lugar del repetido y fracasado atajo de la política cambiaria, y romper con el núcleo duro de la elevada informalidad de la economía en su conjunto y del mercado de trabajo en particular.
El Gobierno postergó la prometida presentación de sendos proyectos de reformas tributaria y laboral de fondo
La política elegida de gradualismo para tornar eficiente al sector público y para encarar reformas tributaria y laboral de fondo, junto a la revisión de los marcos regulatorios de las empresas de servicios públicos, se esgrimió como acertada para no agravar un inquietante cuadro social, pero fue desacertada para sostener las expectativas iniciales de los agentes económicos, porque no sólo demoraron la maduración de las prometidas inversiones productivas, sino porque comenzaron a revertirse a medida que se extendía y profundizaba la recesión en la industria, la construcción y el comercio de productos de consumo masivo, y la inflación se disparó a ritmo de más de 40% al año, que es el número con el que terminará 2016, entre extremos. Los economistas profesionales saben bien que ese salto de los precios se gestó en la última etapa de la administración anterior, pero el Gobierno debe pagar el costo de no haber sabido ni querido comunicarlo de modo claro a la sociedad en su conjunto.
De ahí que se disparara en el período la destrucción de empleos en la industria, la construcción y en menor medida en el comercio, y se debilitara el poder de compra de los salarios. Sólo repuntó la ocupación en el sector público nacional, provincial y municipal, y en actividades independientes como el trabajo a domicilio, autónomos y monotributista.
No fue casual entonces que desde ese momento reaparecieran en escena los reclamos de empresarios más amantes del proteccionismo que de la apertura de la economía, como también de economistas ortodoxos que comenzaron a inquietarse por un supuesto atraso cambiario, pese a que la paridad entre el peso y el dólar quedó determinada por el acertado régimen de flotación limpia, esto es sin intervención del Banco Central, y que cierra el primer año de Gobierno con un salto nominal generalizado de más de 62%, esto es unos 20 puntos porcentuales por arriba de la ahora incuestionable tasa de inflación, y que se eliminaron la mayor de las retenciones a las exportaciones.
Con ese escenario se esfumó rápidamente el entusiasmo con el que después de 14 años de ausencia fue recibido un presidente de la Nación en la muestra anual de Palermo por parte de la Sociedad Rural Argentina, en la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Nacional.
También se desvaneció el logro de la sanción a mediados de julio de la denominada Ley Pyme 27264, formalmente bautizada Programa de Recuperación Productiva, la cual brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual remunerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por Anses.
Pese a ese cuadro, y motivado por el cambio del escenario internacional, donde más de 100 países, alentados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), decidieron adherir a la propuesta de transparencia fiscal y sellar acuerdos de intercambio de información tributaria de los contribuyentes sospechados de evasión, lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas, el Gobierno no sólo logró acuerdo legislativo para sancionar la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal y Reparación Histórica a los Jubilados, sino también obtener un singular respuesta en el primer corte del 31 de octubre, con más de USD 21.000 millones.
Semejante respuesta, que permitió no sólo elevar las reservas del Banco Central en USD 6.636 millones, por el depósito de las tenencias en efectivo de pesos y dólares en el país que no estaban declarados en el país y que reafirmaron las expectativas de muchos banqueros y tributaristas de que al 31 de marzo de 2017 el blanqueo podría llegar a superar los USD 60.000 millones, fue rápidamente desdibujado con el traspié que sufrió el Gobierno en la Cámara de Diputados, a una semana de cumplir el primer aniversario de gestión, porque la oposición integrada por massistas, kirchneristas y peronistas logró imponer su proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, sobre el oficial.
La decisión de los ministros Alfonso Prat-Gay y Rogelio Frigerio de volver a reunir después de cinco años a sus pares de las 24 provincias en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), con el propósito de reiniciar “un ámbito de discusión que nos permite trabajar codo a codo y tener una visión verdaderamente federal para nuestro país” dijo el titular de la cartera de Hacienda y Finanzas, podrá evaluarse como acierto si esa coordinación se manifiesta en la próxima semana en el Senado de la Nación, con modificaciones a la media sanción de la Reforma del Impuesto a las Ganancias que recibirá de Diputados.
Normalización de las estadísticas del Indec
Un acierto a primera vista fue que el organismo oficial de estadística volviera a difundir datos de inflación, pobreza y actividad que rápidamente recrearon la aceptación de los agentes económicos, y posibilitó que después de 10 años una misión del Fondo Monetario Internacional volviera a auditar las cuentas públicas y emitiera una evaluación y recomendaciones de política económica.
Sin embargo, después de más de un semestre de “apagón estadístico” el organismo a cargo de Jorge Todesca no logró sorprender con series mejoradas sobre la realidad socioeconómica, en particular de sectores que no se nutren de la Encuesta Permanente de Hogares, que requieren un análisis muestral profundo, sino de la industria, la construcción y en particular el comercio y los precios, con el agregado de los nuevos sectores que se incorporaron en los últimos años, para posibilitar un mejor análisis del desempeño de la actividad agregada.
En una apretada síntesis y lejos de hacer un balance minucioso de la gestión económica del primer año de Gobierno de Cambiemos, el resultado aparece nominalmente casi equilibrado entre aciertos y desaciertos, pero se torna muy negativo si se pondera por la influencia de cada variable sobre las expectativas de los agentes económicos y en el bolsillo de las familias, en particular una tasa de inflación que llegó en el primer año a 40%; caída del PBI del 2,5% a 3%, severa destrucción de empleos en el sector privado y alta tasa de interés real para el crédito para consumo. El Gobierno se defiende y sostiene que “el resultado podría haber sido mucho peor si se seguía el camino que proponía la oposición”, pero eso es naturalmente contrafáctico.
Por Daniel Sticco
