Hubo un plan. Quizás no fue sistemático y buena parte se fue tejiendo sobre la marcha, pero desde el minuto cero Barrick Gold hizo todo lo posible para ocultar lo que pasó y minimizar sus consecuencias, muchas veces con la complicidad del gobierno provincial. Hoy se cumple un año del mayor accidente ambiental de la historia de la minería argentina, que en rigor de verdad comenzó en la noche del 12 de septiembre del año pasado, pero que se recuerda al día siguiente, cuando se filtró el dato, porque los empleados del yacimiento Veladero, en San Juan, les advirtieron a sus familias que vivían río abajo, que no tomen agua, porque se había derramado la solución con cianuro y otros metales pesados que se usa para separar la roca del metal.
Primero lo negó. Durante días rechazó las acusaciones, pese a que ya había notificado del accidente al gobierno de San Juan, que ofició de socio en esta trama. Luego dijo que fueron 15 mil litros de agua cianurada, más tarde 224 mil y finalmente 1 millón, aunque la cifra real es mucho (¡mucho!) mayor. Barrick Gold hizo todo lo posible para que la verdad no salga a la luz. Y lo consiguió. Hoy ni siquiera se sabe la composición exacta de la solución que se derramó al río Potrerillos, aunque en la Justicia la minera canadiense fue más sincera que en público y reconoció que contaminó los alrededores de su yacimiento.
El último 6 de abril, Barrick Gold pidió perdón “por el incidente” en un comunicado con olor a propaganda. Pero no aclaró sobre qué tenía que disculparse, si por ocultar, por mentir o por manipular los análisis de agua. Fue un arrepentimiento a medias, que se anticipó a algo que dos fuentes consultadas coinciden que ya estaba pautado de antemano: esa misma semana, el gobierno de San Juan le impuso a Barrick Gold la multa más alta que contempla la legislación argentina: 145.696.000 pesos. Sin embargo, fue un vuelto: sobra una semana de explotación de Veladero para juntar esa suma. “Perdón más multa” fue la fórmula marketinera con la que se intentó poner fin a las acusaciones. Y el tema casi que se esfumó de los medios sanjuaninos.
Mientras tanto, el gobierno de San Juan contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para que analice el agua en los alrededores de Veladero con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se las presentó como dos instituciones sólidas e independientes, pese a que en el sector ambientalista tienen pésima fama.
Algunas aclaraciones:
– La UNOPS participó de la creación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro que regía en Veladero, pero los que intervinieron en esas discusiones aseguran que no objetó a la industria minera, que terminó imponiendo su voluntad.
– El gobierno provincial y la UNOPS habían firmado en 2014 un convenio por 2.147.346 dólares para que el organismo fiscalice la actividad minera, por lo que no sólo tenían una relación previa y comercial con el Ejecutivo, sino que iban a analizar un accidente en un yacimiento que debían controlar.
– La UNOPS contrató al laboratorio ALS CORPLAB, que trabajó para Barrick Gold en Veladero y que tenía empleados en común.
Pero lo más grave es lo que vino después y que terminó de embarrar hasta el cogote el prestigio de las Naciones Unidas. Por un lado, como explicó el prestigioso hidrogeólogo estadounidense Robert Morán, se midieron “concentraciones promedio” de los metales pesados, que es una clásica estrategia para ocultar impactos ambientales.
Por otra parte, la UNOPS se prestó para un verdadero “show” que montó el gobierno de San Juan al brindar los resultados de sus mediciones.Primero, porque minaron la zona de policías, como parte de la estrategia de presentar a los vecinos de Jáchal como “ecoterroristas”, pese a que la violencia no ha sido parte de sus métodos. Y segundo, porque en lugar de reconocer que hubo contaminación en la zona, como sus propios análisis confirmaron, hicieron hincapié en que “no afectó a las poblaciones cercanas”, algo que aún así está discutidopor los resultados de otras mediciones de la Universidad Nacional de Cuyo, que detectaron la presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos en las localidades de Mogna y Tamberías.
Hay otras dos observaciones de Moran, que logró subir a Veladero como perito independiente, que son fundamentales a la hora de entender lo que ocurrió en Veladero. La primera es que nunca se va a saber el verdadero impacto ambiental por la responsabilidad compartida de Barrick Gold y el Gobierno de San Juan. ¿Por qué? Porque los estudios de línea de base que realizó la minera y aprobó el Ejecutivo, que son lo que permitiría comparar la calidad del agua antes y después de la instalación de la mina, “están mal hechos”, en palabras del experto.
Infobae pidió esas mediciones a Barrick Gold, pero desde la minera le mandaron un link con miles y miles de páginas y estudios para buscarlos allí.
La otra observación de Robert Moran tiene que ver con la sustancia derramada y sus consecuencias. “El problema no es el cianuro, sino los metales pesados, que son mucho más peligrosos”, sentenció en una entrevista con este medio.
A través del laboratorio privado SGS, Barrick Gold venía midiendo sistemáticamente una treintena de metales pesados en 13 puntos de los alrededores de Veladero. Sin embargo, luego del derrame de cianuro, dejaron de hacerlo, tal como confirmó Infobae, que tuvo acceso a esas mediciones. ¿El motivo? Posiblemente, porque el cianuro se diluye echando cal y agua, algo que hizo Barrick Gold -que literalmente “lavó” el río-, mientras que otros elementos no se pueden ocultar, como el cobre, el aluminio, el níquel, el arsénico, el plomo o el boro. Fue una maniobra deliberada. En SGS hubo mucho hartazgo entre los empleados, varios de los cuales abandonaron la empresa.
Infobae conversó con dos arrepentidos que vivieron todo este proceso desde adentro y que pidieron reservar su identidad por temor a las represalias. “Vivimos con miedo. Acá molieron a palos a una mujer y la dejaron inconsciente en el medio de la calle y con el cráneo roto por denunciar que la membrana que separa la solución cianurada del suelo está rota“, se excusó uno de ellos. “Hay algunos ex empleados de Barrick Gold que hicieron denuncias y la pasaron muy mal”, completó.
“Se ocultó todo, el daño, los derrames que hubo después y los valores altísimos de cianuro que hubo incluso este año, además de las grandes concentraciones de mercurio”, resumió una de las fuentes consultadas.
Una aclaración de rigor: en SGS no saben dónde se toman las muestras. A lo sumo pueden constatar que son agua de río. La toma corresponde a Barrick Gold, que las envía en una heladera sellada con una hoja que incluye la cadena de custodia. “Eso puede estar manipulado”, sentenció una de las fuentes. “Sabemos que en septiembre hubo un derrame, pero si hubo otros, no lo vamos a saber a ciencia cierta, porque pueden tomar las muestras donde quieren y nadie los va a controlar”, abundó.
Lo que sí se sabe, como reveló en su momento, es que hubo tres derrames anteriores que no se hicieron públicos. Esa investigación fue noticia en los principales diarios del mundo.
“Acá todo está manipulado. Barrick Gold contrataba distintos paquetes de SGS sobre lo que había que medir en cada muestra. Entonces, por ejemplo, se medían los metales pesados en las aguas cloacales, pero no en el río. O se medía la presencia de escherichia coli, pero sólo en el agua de los bidones que le dan a sus empelados“, comentó uno de los arrepentidos.
La presencia de escherichia coli en los ríos es uno de los temas de los que casi no se habló post-derrame y quedó en la nada, por la presión que se ejerció desde el gobierno provincial. El primer estudio realizado por la UNCuyo detectó esa bacteria en el agua. Pero según reveló El País Diario, el secretario de Gobierno de la localidad de Jáchal, Cristian Romero, lo presentó en la Justicia sin las hojas relativas a los análisis bacteriológicos, que confirmaron algo negado rotundamente por Barrick Gold: que al menos una parte de la orina y la materia de sus empleados terminaba en el río.
Ese estudio de la UNCuyo, como todos los que vinieron después y como los de la Universidad Nacional de San Juan, detectaron altas concentraciones de metales pesados en la zona, lo que generó la furia del entonces gobernador José Luis Gioja, que repartió insultos a los ambientalistas y a los medios que publicaron la información. También llamó personalmente al rector Daniel Ricardo Pizzi, a quien amenazó con arruinarle la vida. E intentó asustarlo a través de una carta documento.
Pese a los análisis de las universidades, Barrick Gold siguió haciendo lo suyo a través de SGS. “Lo que más nos llamó la atención es que los valores de cianuro siguieron altos, como si un hilo de agua con cianuro estuviera cayendo constantemente durante un mes. Recién ahí creemos que se terminó de solucionar el problema”, advirtió una fuente que participó de esos estudios. Y reveló: “También estamos seguros que hubo otros derrames, porque pasaba el tiempo y los valores seguían siendo altos, no tanto como el 13 y 14 de septiembre, cuando el agua empezó a bajar de la montaña, pero sí por encima de lo normal”.
Según coincidieron las fuentes, luego del derrame se modificaron los acuerdos de confidencialidad entre Barrick Gold y SGS, ampliando las restricciones, y se multiplicaron las muestras que habitualmente eran 240 al mes y pasaron a ser más de 1.200.
A su vez, una de las fuentes puso en duda la historia oficial, que reza que el derrame se produjo por una válvula congelada. “Es mentira, están hechas de un metal que no se puede congelar. Lo que pasó es que había una compuerta que estaba rota, que ellos sabían que estaba así, pero que ese día no la controlaron“, indicó.
En la causa consta que la compuerta efectivamente estaba abierta, pero nunca quedó claro por qué. Y la famosa válvula que supuestamente se congeló nunca se peritó, un dato más que sugestivo. No obstante, varias fuentes consultadas están de acuerdo con que el problema fue que Veladero se estaba sobreexplotando. Y de hecho, cuando la Justicia suspendió la actividad en la mina por casi dos semanas, alegó, justamente, que la cota del sistema de lixiviación, es decir, el nivel de la pileta en la que se separan los metales de la roca, estaba en rojo desde hacía varias semanas.
¿Cuánto se derramó?
Además del silencio, las presiones, amenazas y manipulaciones de los análisis, hubo una estrategia clara para achicar el volumen derramado.Infobae fue el primer medio en notar que Barrick Gold había adulterado el cálculo, ya que el comunicado en el que informó que eran 224 mil litros aclaraba que a esa cifra se llegaba calculando el líquido que se fugó desde que se identificó el derrame hasta que se solucionó. Es decir, no utilizaba como parámetro el momento en que se empezó a filtrar. Pero si se tomaba en cuenta el último control que había habido en la zona, podía ser hasta nueve veces mayor.
En efecto, así fue. Seis días más tarde, Barrick Gold reconoció que derramó más de un millón de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Y aún así se quedó corta. Luego, por un error de un medio local aliado que intentó refutar la información brindada, salió a la luz que el volumen en realidad era de 5 millones de litros, y que un poco más de un millón fueron los que habían llegado al curso de agua.
No obstante, todavía había más. Eso no era todo. La cifra era mayor, como se comprobó cuando unos meses más tarde se filtró el borrador de un informe encargado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, que durante varios meses fue ocultado, hasta que sus empleados los entregaron a la prensa. Al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, no le quedó otra que presentarlo en la Justicia, pero lo hizo sin sus conclusiones más contundentes. Lo modificó para beneficiar a Barrick Gold.
Ese reporte tiene varias “bombas”. Entre ellas, da cuenta de la táctica a la que apeló la minera para manosear el cálculo y achicar el volumen derramado. En concreto, Barrick Gold realizó una “corrección a la lectura de un aforador”, que es el instrumento con el que se mide la cantidad de agua que circula por un río. El aforador que está cerca de la desembocadura del río Potrerillos en el río Las Taguas marcó, a la 21 horas del 12 de septiembre -cuando el derrame ya había comenzado-, que la profundidad del río era de 49,7 centímetros, pero la empresa sacó sus conclusiones en base a una profundidad de 9,7 centímetros. En otras palabras, disminuyó un quinto de su volumen y, según el borrador en cuestión, dio lugar a “un error significativo“.
A su vez, el informe también advirtió que sin ningún tipo de argumento Barrick Gold calculó que en la quebrada del río Potrerillos habrían quedado 93 mil litros de la solución, aunque ese número es meramente estimativo y -nuevamente- podría ser mucho mayor. Y sin justificación, la minera informó oficialmente que donde se detectaron 550 mg/l de cianuro en realidad había 55 mg/l.
Hubo un último personaje clave en este entramado de engaños: el juez federal Pablo Oritja, un vecino de Jáchal que por lo bajo había prometido que iba a ser justo, pero que hizo un fallo a la medida de Barrick Gold. La causa estaba dividida entre el fuero federal en la Ciudad de Buenos Aires y San Juan, pero el magistrado determinó que el derrame sólo había afectado a la provincia -pese a que la cuenca termina en el océano-, lo que derivó en que el expediente se quedara en un territorio cuyo Poder Judicial es decididamente permeable a los intereses mineros. Y ayudó a crear esa imagen de “vecinos-ambientalistas-terroristas” al pedir custodia policial, pese a que nunca lo agredieron.
En suma, nada de lo que pasó fue transparente. Y todavía hay muchas preguntas sin responder. ¿Dónde están los sedimentos contaminados que Barrick Gold dijo que removió? ¿Por qué estaba abierta la compuerta? ¿Algún empleado se vio afectado por el contacto de la solución con el río? La incertidumbre tiene una sola explicación: las grandes minas son verdaderos Estados paralelos en los que el poder de las autoridades es insignificante. Lo que ocurre allí, queda allí. Como en Las Vegas. Por eso, los vecinos de la zona continúan pidiendo explicaciones, pero les siguen retaceando los análisis que mes a mes realiza el municipio de Jáchal y que vuelven a confirmar, una y otra vez, que el agua en Mogna y Tamberías está contaminada. También propusieron hacer una consulta popular, pero ni el macrismo ni el Frente para la Victoria los apoyaron. El motivo es obvio. A la hora de hablar de megaminería, los políticos suelen estar del mismo lado: cerca del oro.
Por Juan Parrilla
