El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, reiteró este viernes que “no hay ninguna quita” en el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por la deuda del holding por el Correo Argentino y se mostró a favor de buscar “una alternativa” ante las críticas de la oposición porque, aseguró, no está dispuesto a “cajonear el expediente”.
“Es un problema y lo tenemos que resolver. No estoy dispuesto a cajonear el expediente”, subrayó Aguad en diálogo con radio Mitre, al tiempo que insistió en remarcar que la posición oficial en el litigio se trató de una determinación de su ministerio que no conversó con el presidente Mauricio Macri ni con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
“Esta es una decisión que tomamos en el Ministerio de Comunicaciones. Nunca hablé con el Presidente de este tema. Primero porque no corresponde, se trata del padre de él, y segundo porque sé la respuesta del Presidente”, explicó Aguad, quien dijo que en caso de haberlo hecho, el mandatario “lo hubiera sacado volando a defender el patrimonio del Estado”.
Por otra parte, el funcionario dijo estar “dispuesto a escuchar alternativas” de la oposición acerca de las diferentes opiniones y las críticas sobre el acuerdo.
“La intención es escucharlos para tratar de buscar una alternativa a lo que se está haciendo, para saber si la crítica es una crítica política o hay detrás de eso una intención para mejorar la situación del Estado”, señaló.
El miércoles último, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino -que estaba bajo el control del holding de Franco Macri hasta la quita de la concesión decidida por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003- por una deuda en el marco del concurso preventivo.
El acuerdo establece el pago a la administración nacional de 296 millones de pesos, que Aguad aclaró que serán “600 millones de pesos” porque “el Estado cobra en 15 cuotas el 100% del capital con un interés del 7 por ciento”.
“No hay ninguna quita. Yo no puedo recuperar los 3.000 millones que se perdieron por el transcurso de casi 15 años”, remarcó Aguad y agregó que como el concurso preventivo estaba “congelado” se perjudicaron también otros 600 acreedores.
El dictamen de la fiscal Gabriela Boquín es que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033 (año hasta el que se extiende el pago negociado).
