El Gobierno de Mauricio Macri trabaja a fuego lento dos decretos que en la práctica reforzarán las atribuciones que tiene actualmente el ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich. Uno de ellos busca reformar la ley de seguridad de fronteras, que estableció los límites de la misma en todo el país, y que data de 1944, pero hoy se encuentra en un limbo.
El otro borrador busca una reforma en todo lo referente a los pasos internacionales, más conocidos como pasos fronterizos, que son 156 sobre 9,600 kilómetros de fronteras nacionales. Se enfocará este en el modelo chileno de pasos, mucho más moderno que los que tiene Argentina.
Los decretos ya fueron evaluados por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y esperan la firma de Macri. Algunas fuentes no descartan que al final, las modificaciones salgan a través de dos proyectos de ley.
Fuentes oficiales desmintieron versiones periodísticas de que habrá cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, o que éstas participarán en la vigilancia de fronteras con patrullas del Ejército, en el control del crimen organizado -narcotráfico, terrorismo y otros delitos- o que tengan un cambio de rol en la seguridad interior, lo que tienen prohibido por ley. Hoy la Fuerza Aérea presta apoyo logístico, y alguna que otra acción encubierta. Las mismas fuentes de Presidencia aseguran que el traslado de Gendarmes al Conurbano no debilita las fronteras que se pueden contener con pocos efectivos. “Lo importante es dotar los pasos fronterizos con mejor tecnología, mejorar la infraestructura y tener más presencia cívica administrativa”, señalan al tiempo que, aseguran, están trabajando ya en 30 puntos fronterizos que han priorizado.
Las preocupaciones del Gobierno por aclarar las líneas de acción también se enmarcan en el revuelo que genera el choque de posiciones. Porque efectivamente tanto en Seguridad como en Defensa hay sectores que presionan para que los militares tengan un rol más activo en la lucha contra el crimen organizado, lo que implicaría en algún sentido modificar la ley de Defensa nacional.
Recientemente, expertos académicos presentaron un documento sumamente crítico bajo la esfera del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por la situación actual al que titularon “la riesgosa política del Gobierno para las Fuerzas Armadas. Allí señalan una “falta de discusión” sobre el rol de las misma en la defensa de la democracia y la “ausencia de reformas institucionales y policiales” para dar eficacia a las políticas de seguridad. Concluyen que todo eso “encubre el abordaje militarizado de las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico”.
Según explicaron en el Gobierno a este diario, por orden de Macri todos los ministerios y agencias con competencia en las fronteras están trabajando en conjunto. “Nos encontramos con que Seguridad no tenía competencia para actuar en temas de fronteras y por eso se cambió la ley de ministerios”, señalaron en el Gobierno. Mientras que en 1944 se puso a la seguridad bajo la órbita militar, en 1996 fue transferida a la secretaría de Seguridad Interior. Pero en 2007 con la creación del Ministerio de Seguridad, quedó en dicha cartera, pero en un verdadero limbo jurídico.
