La discusión por la iniciativa oficial de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, dejó en un segundo plano la principal decisión que trazó el Gobierno para 2017 en materia de Justicia: la reforma integral del Código Penal.
Es que, casi en simultáneo con la convocatoria a la mesa de debate por la nueva ley de régimen penal juvenil, el Gobierno oficializará el llamado a una comisión de expertos que trabajará en lo que, grafican en Justicia, será “la revisión general de todo el Código Penal”.
Atento al año electoral, los tiempos que trazó el Gobierno son similares a la ley de los menores: este año una discusión “entre técnicos” para instalar el debate en el Congreso durante 2018. “No queremos que se politice, que el tema sea comida de campaña de ningún sector político”. Está latente el fallido intento de Cristina, cuando en 2014 impulsó la reforma a través de un anteproyecto, en cuya elaboración participaron referentes de todos los sectores políticos -incluido el macrista Federico Pinedo- y lideró el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. Aquella discusión quedó encerrada en el terreno mediático por el inminente fin del mandato de Cristina: casualidad ó no, fue Sergio Massa, hoy el principal contendiente que tiene Cambiemos según las encuestas, quien aprovechó el debate y logró posicionarse.
¿Por qué reformar el Código Penal? En principio por una cuestión de ordenamiento legislativo. En el Gobierno argumentan que, desde que se sancionó el Código Penal hace casi un siglo, se introdujeron “más de 900 parches”. Esto es: modificaciones a través de leyes y decretos-ley, en varios casos -c omo el régimen penal juvenil- de tiempos de la dictadura. Tantos cambios -sostienen- terminan generando confusión y quitándole el sentido “educativo” al código.
Además, explican que muchas modificaciones, que remiten a distintas situaciones de la coyuntura del país, dejaron muchas “incongruencias” en las penas. “El Código quedó obsoleto y perdió todo sentido de la proporción”, apuntan. Y ponen como ejemplo la reciente aprobación de la ley 27.330, que prohíbe la realización de carreras de perros y contempla una pena de prisión de tres meses a cuatro años para quienes las promueven. “Hoy puede quedar preso alguien que organiza una carrera de perros y, por otro lado, esa misma persona quedar libre por un homicidio culposo. No estamos cerrados a nada, pero hay que debatir sobre estos desequilibrios”, señalan.
Pero, a sabiendas de que desde la oposición ya hablaron sobre “demagogia” punitiva, en el Gobierno advierten que no sólo habrá subas de penas. “En algunos delitos se subirán las penas. Pero, en otros casos, vamos a proponer bajar penas. Lo que queremos hacer es un Código Penal moderno, equilibrado, acotado, con menos margen en las escalas entre el mínimo y el máximo”, dicen en el edificio de calle Sarmiento. Y marcan el caso del homicidio simple, que prevé una pena de prisión de ocho a veinticinco años. “Matar en la Argentina te puede valer, con buen comportamiento y saliendo con el beneficio de los dos tercios de la condena, seis años de cárcel nada más. Y, otro tribunal, puede disponer para el mismo hecho 25 años. ¿Por qué las familias de las víctimas tienen que estar expuestas a semejante manoseo?”, razonan.
Al igual que la mesa de reforma del régimen penal juvenil, el Gobierno quiere una mesa exclusivamente “técnica”. Y con participación mayoritaria del ámbito de la Justicia. “Queremos que trabajen en el Código los que se encargan de aplicarlo”, indican. “Ni políticos, ni académicos con posiciones extremas”, resumen. Entonces, a mediados de mes saldrá el decreto del Presidente convocando a un grupo de entre diez y quince especialistas: jueces de todo el país, fiscales y referentes en materia de Seguridad. Estarán bajo la supervisión de un miembro del Ministerio de Justicia.
Ignacio Ortelli
