La Casa Rosada apuesta a reposicionarse con un paquete de medidas ambiciosas de alto impacto. Además de la amnistía fiscal y del régimen de promoción a las PyMES, entre otras, una de ellas será el envío al Congreso de una ley que pretende ponerle punto final a los 300.000 juicios de jubilados contra la ANSeS, que exigen el pago de un reajuste de los haberes.
El proyecto tiene la intención de no solo resolver los litigios en curso, sino también abordar los potenciales reclamos a futuro de 700.000 jubilados que no recurrieron a los tribunales, pero que están en la misma situación de los que sí demandaron al Estado.
Según publicó hoy el diario Clarín, a los jubilados se les ofrecería un acuerdo o “transacción” voluntaria con un pago equivalente a un porcentaje del reclamo. De esa cancelación, una parte se abonaría al contado y el resto en 2 o 3 cuotas, actualizada por el índice de movilidad del sistema. Por ahora, no trascendió si habrá descuentos en relación al Impuesto a las Ganancias, y qué mecanismos se adoptarían.
Con esta opción, los jubilados podrán optar entre abandonar el juicio o continuarlos. Por su lado, los que aún no hicieron ninguna demanda tendrían que desistir de recurrir a esta instancia judicial, mientras que el acuerdo debería presentado y avalado por los Tribunales de la Seguridad Social. En base a ese potencial entendimiento, los haberes corrientes serían actualizados por los índices fijados por la Justicia.
En lo que respecta a las sentencias firmes, el Gobierno pagará unos 50.000 fallos este año, que ya fueron proyectados en el Presupuesto 2016. El monto asciende a $12.500 millones.
En promedio, el organismo previsional paga $250.000 por sentencia y calculan que, sumando todos los juicios, el Estado tendrá que pagar $250.000 millones. A ello hay que restarle las eventuales quitas que puedan surgir en los acuerdos voluntarios entre los afectados y la ANSeS.
Otro flanco que aborda la normativa es la inclusión de un índice de movilidad para el período de 2006-2009, una grieta en el sistema a través se inician nuevos juicios. La cuestión ahí es que, por un lado, el cálculo de las jubilaciones se realiza en base al sueldo promedio de los últimos 10 años, mientras que la ley de movilidad es de 2009. Es por esto que muchos reclamos judiciales exigen un reajuste por ese lapso de tiempo.
La mayoría de los litigios se sustentan en sentencias de la Corte Suprema, siendo “Badaro” (2007) y “Ellif” sus fallos más conocidos. Adolfo Badaro, ex conductor de buques, dio el puntapié inicial al considerar que, desde el estallido de la convertibilidad en 2001, la falta de reajustes proporcionales en sus haberes había quedado desfasada de la evolución de la inflación y los sueldos de los trabajadores activos. Y la Justicia le dio la razón.
La estrategia que adoptó el kirchnerismo en estos años con la “clase pasiva” fue aplazar lo máximo las demandas, apelando cada una de las sentencias y postergando la liquidación final. Los juicios pueden superar los 10 años. Finalmente, el desenlace siempre es el mismo: el Gobierno tiene que abonar lo adeudado con retroactividad más intereses, lo que amplía el volumen de la deuda.
Hace meses, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, había dado indicios sobre esta ley: “Tenemos un stock grande de juicios que hemos recibido como herencia y queremos hacer alguna propuesta al respecto. Creemos que la estrategia de seguir postergando la resolución de estos juicios no es adecuada, considerando que hay adultos mayores, de edad avanzada que siguen litigando con el Estado hace muchos años”.
