La secretaria de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, recogió el guante de la última novedad en materia judicial de la causa Hotesur y avisó que se presentará como querellante. “Estábamos esperando esta decisión”, escribió en su cuenta de Twitter.
La sala I de la Cámara de Casación se negó a acceder al pedido de la diputada Margarita Stolbizer –denunciante del caso- para que sea aceptada como querellante, pero en la misma resolución hizo un guiño para que, en cambio, el Gobierno tome sus cartas.
Los jueces Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos apuntaron que tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) están habilitados para participar del caso. “Tales órganos receptan de manera amplia la obligación internacional de erradicación de la impunidad cuando se trata de investigaciones sobre delitos de corrupción”, explicaron.
Con ese fundamento, es de esperar que la solicitud que adelantó Alonso sea aceptada. De esa manera, la OA sumará su segundo papel como querellante: ya comenzó a hacerlo en el caso Ciccone, que está en manos del juez Ariel Lijo y tiene a Amado Boudou entre los acusados. La figura le permite requerir medidas de prueba, declaración de testigos y tener acceso al expediente.
La investigación apunta a supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas a las empresas hoteleras de los Kirchner. Esta semana, la causa quedó radicada de manera definitiva en la justicia porteña cuando vencieron los plazos para que los abogados de los acusados, uno de ellos de Lázaro Báez, pidan la intervención a la Corte Suprema para conseguir que sea tramitada en Santa Cruz.
