El Gobierno nacional y las provincias firmarán este martes el nuevo Acuerdo Federal Minero, que dará un renovado marco normativo a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones a las ya confirmadas por unos u$s 3.000 millones en el bienio 2017-2018.
El documento será presentado durante un acto que se llevará a cabo a partir de las 17 en la Casa de Gobierno, que será encabezado por el presidente Mauricio Macri junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren y el secretario de Minería, Daniel Meilán.
Por el lado de las provincias mineras estarán presentes todos los mandatarios y representantes con excepción de Chubut y La Pampa, distritos que anticiparon que no adherirán a la norma.
La firma del acuerdo estaba prevista originalmente para el lunes pasado pero la amenaza del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, de no adherir al mismo y con él otras posibles provincias, obligó a postergar el acto y a renegociar algunos aspectos.
Tras esa postergación, el ministro Aranguren se reunió con Urtubey, y los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Catamarca, Lucía Corpacci; y de Río Negro, Alberto Weretilneck, con el objetivo de destrabar las diferencias.
El dato más relevante que surgió de ese encuentro fue la decisión de dar de baja la posibilidad de introducir una nueva carga tributaria a la actividad, como contemplaba el documento inicial.
Este punto contemplaba la creación de un fondo para desarrollo del 1% sobre el ingreso de las empresas mineras, que iba a ser administrado por la Nación, y que para evitar diferencias se eliminó del texto que se firmará este martes, tal como informó Télam el lunes pasado tras la reunión.
El borrador de texto, que fue firmado a comienzos de febrero, comenzó a ser debatido en 2016 entre el Gobierno nacional y las provincias mineras. El documento deberá ser refrendado por el Congreso y luego deberá sumar la adhesión de las legislaturas provinciales.
De acuerdo al borrador al que entonces tuvo acceso Télam la filosofía del acuerdo tiene como objetivo generar las condiciones para una “actividad minera, ejercida de forma responsable y en atención a los principios del desarrollo sustentable, con el potencial de contribuir a un país más justo, igualitario y federal, permitiendo a sus habitantes el pleno desarrollo” local.
Así, se plantea la necesidad de avanzar en “una nueva visión y nuevas pautas para el desarrollo del sector” se hace necesaria “una Política de Estado Minera para el Siglo XXI”.
Esa orientación deberá contemplar “mayores beneficios para las comunidades” en las zonas mineras, la consolidación de un “sector industrial vigoroso” y “una fuerte cadena de valor” con “altos estándares de gestión y control ambiental”, según se desprende del texto del nuevo acuerdo.
En el mismo articulado se propugna una “mayor participación en los ingresos que genera la actividad minera a las provincias dueñas de los recursos minerales”; promover el fortalecimiento del desarrollo de la infraestructura y la integración con otros sectores productivos; y fortalecer la formación que permita oportunidades de empleo”.
A partir de estas bases el documento avanza en cinco grandes capítulos referidos a Aspectos Comunitarios y Sociales, Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental, Cuestiones Institucionales y Normativas y el controvertido de Aspectos Económicos y Tributarios.
De todos, uno de los puntos aún más debatidos fue el referido a los aspectos tributarios y en el que se acordó que las provincias que deseen aplicar regalías “se comprometen a cobrar, por tal concepto, hasta el 3% sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por todo concepto derivados de la comercialización de las sustancias minerales”, según la letra de la nueva norma.
El acuerdo permitirá además establecer a los estados provinciales un porcentaje “no superior al 1,5% sobre el importe total de los ingresos brutos devengados en el año derivados de la comercialización de las sustancias minerales obtenidas en sus respectivos territorios, con el que constituirán uno o más Fondos Fiduciarios Públicos de Infraestructura”.
Este criterio tributario fue cuestionado por los integrantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que propugnaban un “esquema progresivo” que acompañe el desarrollo de las inversiones con un sistema móvil de aplicación de cánones basado en utilidades de cada proyecto y no en ventas, como aseguran se implementa en los competidores más cercanos de Perú y Chile,
Para zanjar estas diferencias, empresas y Gobierno nacional acordaron hace semanas la implementación de mesas de competitividad para el sector que abordará región por región que permita abordar aspectos de productividad, progresividad tributaria y costos ligados a infraestructura, eficiencia energética y logística.
Un primer encuentro se realizó la semana pasada entre los directivos de CAEM y los gremios mineros, en el ámbito del Ministerio de Energía, en le cual se acordó trabajar en una agenda a discutir en las futuras mesas a conformarse tras la firma del acuerdo que será rubricadoeste martes.
