Los reclamos de la oposición fueron un primer llamado de atención, que se convirtió en un requisito insalvable cuando al pedido se sumaron la UCR y la Coalición Cívica (con Mario Negri y Elisa Carrió a la cabeza), socios políticos y aliados de Cambiemos: el gobierno nacional finalmente atendió los reclamos y excluirá a los funcionarios del blanqueo de capitales.
Esta posibilidad había sido adelantada ayer a Infobae por el jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, quien admitió que no se descartaba incluir ese cambio en el proyecto: “Es uno de los puntos a discutir en el Congreso y estamos dispuestos a sacarlo“.
La promesa se volvió un dato concreto bien: anoche el Gobierno hizo saber de manera informal que no podrán acogerse a la amnistía fiscal ni los funcionarios actuales ni los que formaron parte del gabinete durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
Fuentes del oficialismo hicieron una aclaración importante que seguramente volverá a generar reclamos al menos del ala más dura de la oposición: en principio, los contratistas del Estado sí podrán entrar en el blanqueo de capitales; por supuesto, siempre que no estén involucrados -como Lázaro Báez- en causas con proceso firme. De todos modos aún falta conocer la letra chica, que podrá leerse tras la redacción final del proyecto.
Para acceder al “sinceramiento” fiscal habrá tres opciones: pagar un impuesto especial, suscribir bonos por el monto declarado y hacer inversiones de largo plazo en la Argentina; por ejemplo, para financiar obras de infraestructura, para vivienda, créditos hipotecarios o pymes.
La tasa a pagar dependerá del monto declarado. Si son menos de $305.000, no paga nada. Entre $305.000 y $800.000, pagará un impuesto del 5 por ciento. Por encima de $800.000, abonará el 10 por ciento. Para los que ingresen al programa después del 1 de enero de 2017, la alícuota se elevará al 15 por ciento.
Todo lo recaudado en impuestos a los fondos declarados será destinado a la ANSES, es decir, a los fondos del sistema previsional argentino; a los jubilados.
El programa exime a los que ingresen fondos de las responsabilidades tributarias, pero no exonera la responsabilidad sobre el origen de los fondos, ni tampoco sobre “posibles investigaciones penales sobre actividades ilícitas”.
