Más de cuatro años después de que el gobierno kirchnerista impulsó la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, la Justicia estimó que esa decisión política le costará al Estado por lo menos $ 300 millones, más el 6% de interés anual, por lo que la cifra total superará los $ 350 millones y amenaza con elevarse mucho más.
El fallo judicial derrumbó las promesas del kirchnerismo, que había anunciado que la expropiación de la imprenta le costaría “ni un peso” a las arcas públicas, mientras buscaba contener el escándalo que afectaba al entonces vicepresidente Amado Boudou, quien ahora se encamina hacia el juicio oral por presunta corrupción.
La decisión quedó en manos de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, quienes confirmaron así la decisión del juez de primera instancia Javier Cosentino e intimaron al Estado a depositar esos fondos “dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía”.
El gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, se resiste a liberar esa partida multimillonaria, por lo que los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya apelaron el fallo judicial con la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia revierta la sentencia.
El objetivo de la AFIP es que la Justicia admita la compensación entre lo que en principio vale la empresa -unos $ 300 millones- y las deudas impositivas que la familia Ciccone acumuló durante años hasta superar los $ 275 millones.
Sin embargo, tanto el juez Cosentino como los camaristas consideran que admitir esa compensación conllevaría un trato inequitativo para todos los demás acreedores que aspiran a recuperar al menos parte de los millones que les adeudan los Ciccone.
En un duro fallo que emitió en octubre de 2013, el juez Cosentino concluyó que la ley de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica violaba la Constitución, al igual que el “convenio de avenimiento” que dispuso la Casa Rosada para compensar la eventual indemnización por la deuda tributaria.
No sólo eso. Cosentino también avanzó sobre algunos protagonistas del “caso Ciccone”. Apartó al ex presidente y otrora representante legal de la imprenta Alejandro Vandenbroele y al interventor oficial de la firma, el entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino, de las negociaciones que deberían llevar al cobro de esa indemnización.
A lo largo de aquel fallo, Cosentino le recordó además a la AFIP, que lideraba Ricardo Echegaray, que no podía pretender un beneficio extraordinario e ilegal tras las idas y venidas que mantuvo con la imprenta, a la que primero le negó un plan de pagos para luego, ya con Vandenbroele dentro de la compañía, otorgarle “un amplio plan de facilidades de pago que en los hechos implicó dejar atrás el estado falencial para volver a la situación concursal original”.
Ahora, con la ex Ciccone ya declarada en quiebra y parte de sus activos bajo el control de la Casa de Moneda, los camaristas Heredia y Vasallo confirmaron los cuestionamientos a la ley de expropiación.
“Debe confirmarse la declaración de inconstitucionalidad”, explicaron los camaristas, “por no respetar el régimen constitucional que impone una indemnización «en dinero» en las expropiaciones”, como también “por ser violatoria del derecho de propiedad de los acreedores concursales”.
Por eso mismo, aclararon Heredia y Vasallo, el desembolso de los $ 300 millones más intereses no terminará en los bolsillos de la familia Ciccone, que, dadas las deudas que acumularon, acaso no lleguen jamás a ver un cheque de ese expediente.
“El capital indicado y sus intereses habrá de quedar afectado a la satisfacción, según la ley del dividendo, de los acreedores verificados y declarados admisibles”, plantearon en su fallo, “así como a la de los demás créditos que pudieran corresponder, según resulte del reparto o distribución que se haga de acuerdo con las reglas concursales aplicables”.
La “ruta del dinero”
Mientras eso ocurre en el fuero comercial, la investigación penal sigue su curso. Por un lado, Boudou, su socio José María Núñez Carmona y Vandenbroele, sospechado de actuar como el presunto testaferro de ambos, se encaminan a un juicio oral por el primer tramo del “caso Ciccone”.
Más atrasada, en cambio, se encuentra la pesquisa sobre la llamada “ruta del dinero” que permitió a Vandenbroele comprar la ex Ciccone. Entre otros motivos, porque el ex banquero Raúl Moneta dejó de afirmar que él era el financista, mientras que el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, se presentó a declarar en los tribunales, pero sin recibir preguntas incisivas.
En el fuero comercial, la pantalla de Moneta ya había sufrido un duro traspié en septiembre de 2015, cuando intentó figurar como supuesto financista y “socio capitalista” detrás de la nueva Ciccone con aportes a The Old Fund por $ 35,5 millones, pero el juez Cosentino rechazó su pretensión.
La supuesta operación financiera, indicó el magistrado, era “ineficaz” y, en vez de recurrir esa decisión, Moneta terminó por desistir de su reclamo.
Las nuevas autoridades de la unidad antilavado (UIF), mientras tanto, sumaron más problemas a Boudou: se presentaron ante la justicia penal y solicitaron que el organismo sea aceptado como querellante en la causa y así ayudar a investigar posibles maniobras de lavado de activos.
La semana próxima, en tanto, Echegaray deberá presentarse a su indagatoria, al igual que la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura, ambos por “la participación que tuvieron en la maniobra por la cual Amado Boudou junto a José María Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica”.
