Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando “Pino” Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el “megabasurero” no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
En 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe “el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos”), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de “escándalo”, no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años 50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas- del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. “Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio”.
Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de “pecados”: no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.
En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emitiera un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.
Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. “Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???”, escribió.
El correo prueba, además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión del 24 de marzo.
Lo que siguió después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15 de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La “jugada” fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la Subsecretaría de Minería respondió que “no existe en el Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS” y que “no existe constancia de ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado”.
A su vez, la consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director Álvarez: “La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud”. No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo elaboró.
El peritaje de SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera chilena le servía para justificar que no era necesario remover el botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente del río San Juan.
De acuerdo con el trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el senador “Pino” Solanas, quedará en suelo argentino, por los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo Luksic dejará de ser responsable por su destino.
Por: Juan Parrilla
