No fue casual que hayan sido los ministros Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Jorge Triaca (Trabajo) quienes hayan blanqueado parte de la estrategia oficial para neutralizar la organización del primer paro nacional contra Mauricio Macri , que estaría previsto para el 20 del actual si es que la semana próxima no prospera la negociación entre la Casa Rosada y la CGT .
Stanley y Triaca integran el numeroso comité de funcionarios que designó el Presidente para dialogar con los gremios y los movimientos sociales. Ambos afirmaron ayer que el Gobierno otorgará un plus salarial a fin de año, pero que será para los que realmente “más lo necesiten”. La definición incluye a jubilados y beneficiarios de planes sociales. Recibirían un adicional de entre 500 y 1000 pesos, según confiaron fuentes oficiales.
¿Qué sucederá con los empleados estatales y del sector privado? El gabinete económico oficializaría la semana próxima la exención del impuesto a las ganancias del medio aguinaldo de diciembre. Pero el alivio impositivo será con topes: quedarían eximidos los salarios brutos de entre $ 40.000 y 45.000. En la CGT ya tomaron nota de esto y generó malestar. Pretenden elevar el techo o que los montos que están en estudio se apliquen sobre los sueldos netos. Difícil.
Para los empleados estatales, en principio, no habría un bono igual para todos. Aunque, como sucedió en años anteriores, el Gobierno habilitaría a los organismos descentralizados a otorgar un pago extra a modo de compensación por la inflación o como retribución extraordinaria por productividad. Con los gremios estatales, la negociación más tensa avanza por otro carril: el pase a planta permanente de miles de empleados, tal como lo pactó Macri cuando era jefe de gobierno porteño con el sindicalista municipal Amadeo Genta.
La CGT presionará para que los beneficios de fin de año se universalicen. En la reunión de consejo directivo de ayer se intentó fijar un piso de $ 2000 para el bono de fin año. Lo que intenta el triunvirato es incluir a las actividades más golpeadas a obtener un pago adicional ya que el bono en sí ya está instaurado en la mayoría de las actividades, incluso hasta por convenio colectivo. El desafío sindical es que el Gobierno sugiera de manera explícita a los empresarios a otorgar el plus. Uno de los tres jefes de la central obrera se entusiasma con que entre el miércoles próximo se firme un acta compromiso conjunta, con las cámaras empresariales, la CGT y la Casa Rosada. En el Gobierno, sin embargo, consideran inviable la imposición de un bono a los privados. “Dependerá de la realidad de cada actividad y de cada sector”, dijo un funcionario del Ministerio de Trabajo.
La otra carta que está dispuesta a exhibir el Gobierno en su negociación con la CGT es el compromiso a modificar las escalas del impuesto a las ganancias antes del fin de año. Incluso, el oficialismo estaría dispuesto a llamar a sesiones extraordinarias en caso de que hiciera falta. Esto también fue notificado a la CGT, que pretende tallar en el proyecto que presentará el macrismo.
Como sucede desde su surgmiento, en la CGT unificada hubo voces disímiles sobre el llamado al paro. Un dato que avivó aún más la interna: Pablo Moyano intentó ayer fijar la fecha de la huelga como herramienta de presión, pero se impuso la postura más dialoguista, que es motorizada por el triunvirato de mando, un puñado de gremios del transporte y el influyente sector de “los Gordos” (grandes gremios de servicios). La negociación está aún abierta. Más todavía después de conocerse hoy los aumentos en lastarifas del gas.
