Tras el envío al Parlamento de la ley de reforma electoral, y con la mirada fija en las legislativas del próximo año, el Gobierno ahora trabaja en la reforma de la ley de financiamiento de los partidos políticos con el objetivo de “sincerar” las campañas, según confiaron en la Casa Rosada. La idea, aseguraron, es tener listo el proyecto para mandarlo al Congreso durante este semestre, entre octubre y noviembre próximos.
En la presentación de la ley de reforma electoral, celebrada en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en los últimos días de junio, Mauricio Macri ensalzó la iniciativa -que será discutida por los diputados en las próximas semanas y que contempla, además del voto electrónico, algunos controles a la financiación-, pero insistió en la necesidad de avanzar en un sinceramiento del financiamiento partidario. Ese día, el juez Ariel Lijo había dispuesto el procesamiento por supuesto lavado de dinero de los ex recaudadores de la campaña del Frente Para la Victoria del 2007 y a cuatro empresarios que, de acuerdo a la resolución judicial, no pudieron justificar sus aportes.
Según pudo saber este medio, José Torello, apoderado del partido de gobierno y hombre de extrema confianza de Macri, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, y la diputada Silvia Lospennato -especialista en el rubro- son quienes están abocados en la redacción del proyecto, en el que ya se trazaron los primeros esbozos pero que aún está en etapa de estudio. Pérez convocaría en los próximos días a los representantes de los partidos, de la Justicia Electoral y a organizaciones civiles para la conformación de una mesa de diálogo. “Queremos consensuar no sólo por las reformas, sino para que eventualmente todos las cumplan”, explicaron desde el Gobierno.
El proyecto de reforma incluye, según adelantaron, cambios vinculados a los montos y los topes de aportes contemplados por la ley actual, a la duración de las campañas -una discusión que acaparó, por ejemplo, la elección en España- y al sistema de financiamiento, que podría volver a ser mixto. Es decir: la intención del macrismo es que las empresas puedan volver a aportar en las campañas electorales, hoy prohibido por la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, según el artículo 44 bis de dicha norma. Las reformas en estudio no incluirían, sin embargo, la posibilidad de contribución por parte de las contratistas del Estado, vetadas por la normativa vigente. El año pasado, Cambiemos infringió la ley: un informe de chequeado.com reveló que Macri recibió unos 3 millones de pesos de compañías con vínculos contractuales con la ciudad de Buenos Aires.
“La premisa es hacer una ley realista que funcione. Mauricio pidió una ley razonable, con aportes transparentes para que no haya más plata en negro”, abundaron cerca de Torello. El aumento en el tope de los gastos sería otro de los objetivos de la reforma, aunque es cierto que la reforma electoral impulsada en las últimas semanas abarata los costos por, por ejemplo, la eliminación de la boleta de papel. “En una campaña presidencial, entre los vuelos del candidato y comunicación, por citar un ejemplo, no alcanzan los montos actuales”, explicó uno de los tesoreros de uno de los tres principales postulantes en la campaña del año pasado.
En esa línea, a través de la recaudación de los partidos en nuestro país circulan millones en dinero negro, y los recaudadores hacen malabares para justificar los embolsos. Solo un dato: el año pasado, el tope de gastos era de alrededor de 150 millones de pesos. Según confiaron a este medio, los principales postulantes desembolsaron en total unos 1.000 millones de pesos.
En la Casa Rosada reconocen que la Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió, podría ofrecer resistencia a la vuelta de las empresas como contribuyentes durante el periodo electoral. Carrió machaca desde hace años con esa idea. “A los ‘lilitos’ no les gusta mucho ese tema, pero hay empresas sanas que quieren colaborar”, deslizaron en el entorno de Macri. Pérez, uno de los cerebros al frente de la iniciativa, creció políticamente de la mano de la diputada.
Por Federico Mayol
