A un día del duro revés judicial por el freno de la Corte Suprema a los tarifazos de gas para usuarios residenciales el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el llamado a audiencias para discutir los costos del servicio, tras las resistencias iniciales. La audiencia será el próximo lunes 12 de septiembre a las 9 en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a una resolución del ENARGAS publicada en el Boletín.
A su vez, a través de la resolución 152 firmada por el ministro de Energía Juan José Aranguren, se dispuso que el ENARGAS “disponga las medidas necesarias” para que las prestadoras apliquen los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo para los consumos que los usuarios hayan hecho a partir del 1º de abril. Además ratifica la vigencia de la tarifa social para los sectores más vulnerables, tal como lo había ordenado el máximo tribunal y confirma que el ministerio de Energía participará en las audiencias.
El decreto además instruye a las distribuidoras a ofrecer la posibilidad de pagar en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas los montos no abonados de parte de usuarios de cualquier categoría, a partir de consumos realizados a partir del 1º de abril.
El fallo de la Corte fue un baldazo de agua fría para el Gobierno, que aunque esperaba que el máximo tribunal le exigiera convocar a audiencias para la distribución y el transporte de gas, también creía que los jueces iban a aceptar su propuesta de aumentar el servicio con topes del 400% para los hogares y del 500% para las industrias.
Los flamantes ganadores de la pulseada por el tarifazo son los usuarios residenciales, que consumen el 30% del volumen de gas del país. Finalmente será obligatorio llamar a audiencias públicas para fijar la nueva tarifa.
Todo llevaría a pensar que buena parte del costo del freno al tarifazo recaerá en las distribuidoras, mientras que el Estado sólo podrá reducir una parte de los subsidios que pretendía eliminar. La resolución de la Corte le costará al fisco unos 20 mil millones de pesos.
El gabinete económico de Cambiemos no fue el único afectado. Quienes también perderán con esta resolución son las empresas, los comercios y las industrias, para quienes la Justicia sí habilitó el aumento del gas con un tope del 500%.
Para tomar esta decisión, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti consideraron la situación de “indefensión” de los usuarios residenciales.
A pesar de que el fallo complica la intención del Gabinete de Mauricio Macri de favorecer a los inversores, el Gobierno aceptó la decisión y confirmó que convocará a audiencias para definir las nuevas tarifas del gas lo antes posible.
