El Gobierno informó que acatará el fallo de la Corte Suprema que frenó los aumentos de gas para usuarios residenciales hasta tanto se celebren audiencias públicas. Así lo dijo el jefe de Gabinete, quien dijo que en las próximas horas cumplirán con esa exigencia, que se debería concretar en un término no menor a tres semanas.
El anuncio había sido adelantado minutos antes por el ministro de Justicia, Germán Garavano, durante un almuerzo en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad. “La decisión del Gobierno es cumplir el fallo”, dijo. “El sistema de Justicia no está para hacer política y tomar medidas amigables, tiene que tener una mirada a largo plazo y no corta”, agregó antes de sumarse a la conferencia.
Desde la Casa Rosada, Peña indicó: “Queremos ratificar que en la Argentina de hoy lo normal es que los fallos se cumplan. En ese sentido creemos que el fallo permite terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos cuatro meses de discusión y ratifica que el cuadro tarifario anterior está vigente”. Y adelantó que se van a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con esa tarifas.
Por unanimidad, los integrantes del máximo tribunal de justicia dispusieron retrotraer las tarifas al esquema que estaba vigente antes de los aumentos establecidos por el Ministerio de Energía hasta que se realicen las audiencias públicas obligatorias establecidas por ley. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti coincidieron en especificar que la audiencia es un requisito obligatorio que no puede ser inobservado por las autoridades en el proceso de readecuación tarifaria.
Los magistrados aclararon que la tarifa social para los sectores más necesitados continuará vigente y advirtieron al Congreso de la Nación que es necesario cubrir el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, que se encuentra vacante desde 2009.
También se llamará a audiencias públicas por los incrementos en la luz
Pese a que el alcance del fallo es sobre el gas, el ministro Aranguren indicó que también se convocará a audiencias públicas para el caso de los incrementos en la luz, que no fue abordado por el máximo tribunal y que está suspendido por medidas cautelares.
Más allá de aclarar que se respetará el fallo, los funcionarios reiteraron sus argumentos respecto a la necesidad de readecuar las tarifas. “Si no reordenamos el sistema energético no van a llegar inversiones”, advirtieron.
“No se trata de quién tiene razón, acá el punto es cómo hacemos para que la gente viva mejor”, completó Peña. “Nosotros no les vamos a mentir, tenemos un problema grande, porque falta energía”, añadió.
Consultado sobre si esta decisión impactará en la obra pública y el costo fiscal, Peña advirtió: “Lo residencial es el 25%, lo que es el ingreso extra de lo que hubo en este tiempo. Representa un costo fiscal que es menor si hubiera sido 100%, que es el escenario analizado. Evidentemente por una razón básica habrá que sacarlo de otros lugares, sea obra pública u otros gastos. Ir reduciendo el déficit para reducir inflación, vamos a cumplir la meta del 4.8% de déficit fiscal pero va a ser necesario poder corregir. No es el escenario más negativo”.
“Seguimos trabajando con el objetivo inicial: lograr que lo que hoy estamos importando se pueda producir en Argentina. Mejorar el servicio y mejorar las condiciones para que haya inversión en el país y podamos extraer los recursos que nuestro país tiene”, agregó al respecto Aranguren.
Qué pasará con las facturas
Marcos Peña explicó: “Los que pagaron la factura les va a llegar una nueva factura que a va a estar acorde a este fallo judicial que va a hacer menor a lo que habían pagado. Si ya pagó tendrá nota de crédito con la diferencia”.
Y aclaró que continuarán los subsidios: “Aún con el cuadro tarifario que fue anulado hoy, gran parte de la energía eléctrica-casi dos tercios sumado a un tercio de gas-es subsidiado. Eso se mantiene, se ha ido de un camino progresivo que proteja al más débil, tarifa social, y por otro que cada uno pague por su consumo”.
Sobre esto, Aranguren manifestó: “Lo que el Estado hace es cubrir la diferencia entre lo que cuesta la energía y se paga de tarifa. Nuestro objetivo es disminuir el costo de generación y que gradualmente la tarifa cubra ese costo para lograr que los caudales públicos se destinen a otras aéreas y no a subsidiar la energía. El primer paso lo estamos dando ahora con la ratificación de la audiencia pública”.
El esquema que presentarán en la audiencia pública
Tanto Peña como Aranguren evitaron dar precisiones sobre qué aumentos propondrán: “Hay dos herramientas posibles. Una es la RTI, audiencia previstas en el marco energético, en octubre, y después la audiencia pública regulada por el decreto de Acceso a la Información Pública. Lo que planteamos, y lo que la Corte clarifica, es que tiene que haber audiencia pública informativa. Puede ser también para la luz, para dejar claro que no tenemos nada que ocultar, queremos que se haga de la forma más transparente posible”, explicó, evasivo, el jefe de Gabinete.
Y sentenció: “Si hay propuestas de mejora del proceso normativo, de regulación de estos temas, que los podamos discutir en el Congreso, que tiene que fijar las leyes para poder discutir el marco normativo. El Poder Ejecutivo fija las tarifas, el legislativo las leyes y el judicial chequea la vigencia y cumplimiento de las leyes”.
El ministro de Energía respondió en la misma sintonía: “Recibiendo todos los comentarios que podamos sobre la base del cuadro tarifario residencial que creemos que protege a la necesidad de tener energía en Argentina, el cuadro que se va a presentar es el cuadro que hemos intentado aplicar en estos meses con las modificación que se consideren por aportes de otros miembros de la sociedad”.
