El fiscal federal Federico Delgado subrayó hoy la posibilidad de “seguir ascendiendo” sobre dirigentes de la Iglesia en la investigación que busca esclarecer la aparición del bolso con 9 millones de dólares en manos del ex secretario de Obras Públicas, José López.
Delgado remarcó su sospecha sobre el rol que tenía el convento de General Rodríguez, donde el ex funcionario kirchnerista quiso esconder el botín y un arma de alto calibre. “Del convento, todo lo que uno escucha puede ser cierto. Estamos trabajando para reconstruir qué pasaba ahí, porque evidentemente había algo más que un conjunto de religiosas consagrando su vida a la religión católica“, expresó en diálogo con radio Del Plata.
El fiscal observó que “uno asocia a las monjas y a los conventos con una cosa diferente a ayudar a una persona a esconder dinero proveniente de un delito”. Por lo tanto, advirtió que en la investigación en curso se trata de “un tema en sí mismo”.
“Hay una zona muy gris, porque el arzobispo que murió (Rubén Di Monte) tenía una contabilidad que no se regía por las leyes civiles, sino que era una mezcla de su voluntad con el derecho canónico”, explicó.
Infobae reveló hoy que el fallecido obispo Di Monte, que tenía bajo su órbita el cuestionado monasterio, manejaba ocho cuentas bancarias y una fundación fantasma. A través de ellas es por donde se canalizaban las donaciones y ayudas oficiales que provenían del Ministerio de Planificación Federal. El sacerdote mantenía estrechos lazos con el ex ministro Julio De Vido y López.
Respecto a los manejos económicos del convento, Delgado afirmó que “hay cosas que son hasta tragicómicas, porque había creado una suerte de fundación que dependía del Arzobispado”.
“Di Monte era el presidente de la fundación y el arzobispo. Entonces, se mandaba cartas a sí mismo pidiéndose autorizaciones para hacer operaciones comerciales. No hay registros de donantes, no se sabe bien quién lo administraba, es un misterio saber quién era el representantes legal”, amplió.
Sobre esas irregularidades, el fiscal indicó que “si bien no tiene que ver en sí mismo con el episodio de López, no se descarta para nada seguir ascendiendo” en la investigación hacia las autoridades de la Iglesia, ya que “al ser un delito hay una obligación de perseguirlo”.
Ayer, la Conferencia Episcopal envió un comunicado para insistir en su condena a toda forma de corrupción y promete colaborar con una eventual investigación en ese aspecto.
“Si la Justicia se pusiese alguna vez las pilas y respetase los términos que indica la ley, en breve podríamos ir a un gran
juicio oral. Es lo que hay que hacer, arrojar un poco de luz y
tratar de que se ventile en un gran debate el qué, el cómo y el cuándo sobre esos 9 millones de dólares que terminaron en un convento”, destacó el hombre que investiga el caso de José López.
Respecto al ex secretario de Obras Públicas, el fiscal remarcó que se “puede pensar que López puede ser cualquier cosa menos un francotirador solitario”, ante lo cual indicó que “todos los funcionarios públicos que están en una estructura administrativa y que manejan semejante dinero es probable que tengan responsabilidades para arriba, para abajo y para los costados“.
“Eso hay que chequearlos porque el Código Penal nos obliga a perseguir todos los delitos, el principal y los concomitantes”, señaló.
Delgado precisó que hay “una sospecha muy fuerte” en el
proceso que “corre por dos andariveles: uno que son los testaferros, como (Eduardo) Gutiérrez y (Andrés) Galera, que podrían ser personas que ayudaron al señor López a cometer delitos; y también hay una responsabilidad ascendente en el proceso hay varios fantasmas que habitan como una sombra todo el expediente y acompañan a López”.
En ese sentido, el funcionario judicial aseveró que esos nombres “son vox populi” y precisó que “tienen que ver con (el ex ministro de Planificación Federal Julio) De Vido, Galera, Gutiérrez, algunas empresas”.
“López, si se enriqueció y tuvo algún tipo de participación ilegal en alguna política pública no lo pudo haber hecho solo, porque el dinero no cayó del cielo, alguien se lo pagó”, concluyó el representante del MPF.
