La Comisión Contra Productos Ilegales (CCPI), perteneciente a la Cámara de Industria del Tabaco, advirtió que el comercio de cigarrillos que ingresan de manera ilegal al país, “generan pérdidas por 600 millones de pesos anuales al Estado en la provincia de Misiones”.
Es que de acuerdo a lo expresado por el presidente de la CCPI, Enrique Caride, “las provincias del NEA son las más afectadas por la venta de cigarrillos ilegales”, y en el caso de Misiones “la incidencia del mercado negro repercutió en una caída en las ventas del 34%”.
“Esto representa pérdidas en torno a los 600 millones de pesos al año, si tenemos en cuenta el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el FET (Fondo Especial del Tabaco) y otros impuestos internos. Si sumamos a otras provincias del NEA, como Corrientes o Formosa esta cifra sería de 700 millones de pesos”, detalló Caride.
Explicó que “el aumento de los precios de venta en gran parte se debe a los altos impuestos”, ya que “la carga fiscal elevó un 80% el precio del producto”, hecho que consideran “impulsó el contrabando de cigarrillos”.
Asimismo, reveló que el “90% de las marcas ilegales que se venden en el NEA provienen del Paraguay”.
“Además de alentar el contrabando por el aumento en el precio de venta al público de los productos, se destruyen fuentes de empleo y se afecta a los productores tabacaleros”, agregó.
“Creemos que debemos trabajar en conjunto con el Estado y las fuerzas de seguridad para enfrentar este problema mediante controles efectivos y trabajar en una campaña de concientización sobre las consecuencias de este mercado ilegal”, enfatizó Caride
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A todo esto, Caride señaló que una caída en las ventas no puede traducirse en menor consumo.
“No es que haya menos fumadores, sino que el mercado muta hacia estas formas ilegales, sobre todo en los sectores de bajo poder adquisitivo donde optan por productos más baratos”, sostuvo.
Encuesta
Un estudio realizado por la CCPI, que agrupa a entidades de productores, empresas fabricantes y al sector comercial, entre diciembre del año pasado y enero de 2016 en la región NEA -la más afectada por el comercio ilegal- arrojó que el 85% de la población reconoce que la Argentina tiene un problema con los cigarrillos ilegales y el mismo porcentaje considera que el Gobierno debería tomar más medidas para atacar el problema. Asimismo, a nivel nacional, el 90% de los consultados siente preocupación por que esta actividad financie al crimen organizado.
En esa línea, la encuesta sostiene que el 60% de los encuestados se manifestó muy preocupado por que el mercado ilegal de cigarrillos se traduzca en “un aumento de consumo en jóvenes fumadores”.
A su vez, el 50% se mostró alarmado por “la pérdida significativa de ingresos impositivos que deberán compensarse con impuestos más altos para todos o recortes importantes en los servicios públicos”. Por otra parte, el 53% de los encuestados cree que para el Gobierno debería ser prioridad “enfrentar el problema del mercado negro de cigarrillos de manera directa”, y otro 37% cree en la necesidad de “probar nuevas regulaciones”.
En consonancia, el 79% opinó que “el Gobierno debería estar tomando más medidas de control para combatir el comercio ilegal de cigarrillos”. En tanto, un 85% de los consultados dice que“las fuerzas de seguridad necesitan más recursos para mantener el control” y otro 72% “apuntó a un control de la frontera más efectivo”.
Barómetro
Cabe destacar que el Barómetro Nacional sobre el Comercio Ilegal de Cigarrillos es una encuesta que se realiza por cuarto año consecutivo en todo el país.
La metodología empleada se efectuó sobre un muestreo de 1.000 adultos mayores de 18 años en toda la Argentina, y más de 100 de ellos sobre el NEA. El método de recolección de datos fue en línea durante el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2016 y el 3 de octubre de 2016.
El fenómeno también generó la preocupación del sector de ventas minoristas, debido a que alertan “estamos cerca de que vuelva a pasar lo del 2000, cuando la ilegalidad se llevaba gran parte del negocio”.
