Este hecho muestra la necesidad de trabajar por un mejor acceso a la Justicia de los adultos mayores, que son uno de cada cuatro habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, coincidieron la ministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, y el secretario porteño de la Tercera Edad, Claudio Romero, durante una jornada sobre la problemática.
Según datos de la OVD, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y del Programa Proteger, de la Secretaría de la Tercera Edad (Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat), los mayores de 60 que sufren maltrato conforman un grupo vulnerable que requiere de cuidados especiales.
“De las 100.000 personas que denunciaron ante nuestra oficina ser objeto maltrato, sólo 5.000 fueron adultos mayores; 4.000 de ellos fueron mujeres, y el resto varones”, precisó Highton de Nolasco, ante un auditorio integrado por efectores de salud, entre otros agentes de áreas vinculadas a la tercera edad.
En tanto, “el 45 por ciento del maltrato hacia personas de más de 60 años proviene de los hijos o hijas. Esa es la gran diferencia: en la tercera edad, el maltratador pasa a ser el hijo o la hija en la mayor parte de los casos”, precisó la magistrada, quien tiene a su cargo la OVD.
Para la ministra, “hay una diferencia entre las víctimas de violencia doméstica de la población general y los de más de 60. En el primer grupo, la violencia proviene en un 80 por ciento mayormente de sus parejas y el 40 por ciento de las ex parejas; en el la tercera edad, sólo el 30 por ciento proviene de las parejas y el 7 de las ex parejas”.
Muchas veces, el adulto mayor requiere de ayuda para poder acceder a la Justicia y ese es el trabajo que tenemos en conjunto con el Programa Proteger, de la Secretaría de la Tercera Edad, que toma la denuncia y una vez constatado el caso en el domicilio, se informa a la OVD, que tiene a su cargo el análisis de riesgo y la derivación a la justicia (fuero civil y penal).
En este sentido, es necesario aclarar que las víctimas de violencia pueden acercarse a la OVD directamente o a través de un tercero (amigo, familiar, vecino) y que el relato que debe hacer debe ser minucioso, para que el fuero civil pueda decidir si adopta o no medidas de protección y el fuero penal pueda saber si inicia un proceso.
“A veces no se llega a esa instancia. Con la intervención del juez y un control diario de la situación, se logra cesar con la violencia”, ejemplificó Highton de Nolasco en base al caso de una mujer de 90 años que vivía con su nieto, y que tras una denuncia de los vecinos se inició el proceso que llegó a judicializarse.
En adultos mayores, se mantienen parejos los índices de violencia psicológica (95 por ciento) y de violencia económica (36 por ciento) con los otros grupo de edades más bajas.
Mientras que la violencia sexual es casi inexistente (3 por ciento) contra un 18 de la población general y se da solo sobre mujeres; en tanto desciende la física, que alcanza un 70 por ciento en la población general.
Romero explicó que la Ciudad de Buenos Aires es la más envejecida del país y que una de cada cuatro personas que viajan en subte y viven en espacios públicas son adultos mayores.
“El acceso a los derechos y la inclusión de las nuevas tecnologías serán los necesarios para que los políticas hagan que los adultos mayores puedan vivir mejor”, comentó.
Se registran 17.000 adultos mayores en geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires; y 150.000 que viven solos, sin ninguna relación con familiares.
