El material oficial conocido hoy, difunde el trabajo realizado por los servicios de asesoramiento, patrocinio gratuito y especializado en víctimas de violencia de género del organismo, en base al análisis de 1.209 expedientes judiciales en los que intervino hasta septiembre de 2015.
Del estudio surgió que tres de cada diez asistidas (34 por ciento) manifestaron que los denunciados incumplieron las medidas de protección, que en uno de cada cuatro casos (24%) se denunciaron nuevas agresiones, y que en más de la mitad de los procesos (54%), la notificación de la decisión judicial quedó a cargo de la denunciante.
“Esto nos permite ver la revictimización que sufren las mujeres en situación de violencia y la ineficacia de la justicia: tenemos que buscar un nuevo modelo de protección para ellas”, aseveró a Télam la abogada Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría.
El relevamiento aportó que en nueve de cada diez casos, ellas ya habían hecho la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema y que habían obtenido, al menos, alguna medida de protección.
Sin embargo, en más de la mitad de esos casos (53%), fue necesario requerir nuevas medidas, las que en su enorme mayoría fueron concedidas (94%), lo que “nos indica la importancia de contar con patrocinio jurídico para la mejor defensa de los derechos de las mujeres”, dijo la profesional.
Otro dato que generó alerta en el equipo es la cantidad de mujeres en situación de violencia que no tenían apoyo económico o social, considerando que el 87 por ciento de las asistidas son madres y, de ellas, una alta proporción tienen hijos e hijas en común con la persona denunciada.
La pesquisa permitió ver que sólo una de cada tres recibe algún programa social, aun cuando el 61 por ciento de ellas sostienen económicamente sus hogares, y el porcentaje de desocupadas se acerca al 80.
“Así queda en evidencia que no siempre funciona el puente entre el acceso a la justicia y la seguridad social; hay que optimizar el trabajo judicial y las políticas públicas que les permitan a las mujeres la autonomía económica”, opinó Asensio.
En el análisis del organismo se comprobó además que el 15 por ciento de las mujeres respondió que sus agresores tienen armas de fuego y el 22, que sus agresores presentan antecedentes penales.
Además, ocho de cada diez mujeres refirieron que padecieron situaciones de violencia por períodos que exceden el año y con una frecuencia diaria o semanal, la que se extiende a los hijos e hijas en un 71 por ciento de los casos.
Contar con juzgados de familia de turno que puedan intervenir en casos urgentes y la aplicación de la Ley Integral de Protección contra la violencia de género, son algunas sugerencias del organismo para revertir esta situación.
“No hemos encontrado un solo fallo judicial que aplique esa legislación. Hay resistencias que se deben vencer”, enfatizó Asensio.
Parte de los aportes oficiales son evitar los encuentros o acuerdos entre las partes en los procesos de violencia y mejorar los mecanismos para implementar medidas de protección con un seguimiento eficaz, sancionando los incumplimientos y castigando las nuevas agresiones.
La Defensoría informó también que durante el año pasado asesoró y patrocinó a 2.594 personas, a un promedio de 66 consultas nuevas cada mes.
En Paraná 426, primer piso, de lunes a viernes de 8 a 17, funciona una de los servicios para víctimas de violencia de género, como también en los Centros de Acceso a la Justicia del barrio de Once y Villa 1-11-14, Barracas, 31, Soldati, Ciudad Oculta, y en la sede de la OVD de Lavalle 1250, segundo piso.
El próximo miércoles, al conmemorarse en la semana el Día Internacional de la Mujer, la Defensoría ampliará este informe y presentará otro sobre femicidios, que elaboró junto a Amnistía Internacional.
