El juez Marcelo Aguinsky procesó con prisión preventiva a Claudio Minnicelli, cuñado del exministro K Julio De Vido, acusado de integrar una asociación ilícita conocida como a “Mafia de los Contenedores”. Además, ratificó el embargo sobre sus bienes por más de 22 millones de pesos. Hay otros diez imputados con procesamiento confirmado por la Cámara de Apelaciones.
El juez consideró que Minnicelli podría eludir la acción de la Justicia. El cuñado de De Vido estuvo varios meses prófugo en Chapadmalal y fue detenido mientras hacía las compras en un comercio local. Esta semana, declaró como testigo el hombre que le alquilaba la casa. Dijo que Minnicelli se iba en un remis cuando llegaba el día de pagar el alquiler y volvía con la plata. Investigan quién lo ayudaba económicamente a solventar los gastos del lugar.
Las escuchas de la Mafia de los Contenedores
La Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que una de las voces que aparece en las escuchas de la causa es la del empresario detenido, lo que empeoró su situación judicial. Aguinsky había ordenado el peritaje el miércoles pasado cuando, en el comienzo de su indagatoria, Minnicelli dijo que tenía dudas sobre los audios.
Ante el magistrado, Minnicelli relató que durante los nueve meses que estuvo prófugo pasó por varios pueblos de la provincia de Buenos Aires. Dijo que nunca se quedaba más de dos días,que no tomaba micros de larga distancia y que se movía en remises y colectivos de corta distancia; hasta que hace cinco meses llegó a Chapadmalal donde fue detenido el último fin de semana.
En su declaración, dijo que era “ajeno a la maniobra” que se investiga en la causa de la llamada “Mafia de los Contenedores”.
El cuñado de De Vido está sospechado de ser un subordinado de confianza del Carlos “Cuqui” Barreiro Laborda, quien para la justicia puso en marcha la maniobra para mover seis contenedores retenidos en Aduana durante 2016 tras cobrar un adelanto de 50.000 dólares por cada uno. La causa en la que se investigan maniobras de contrabando durante el año 2016 se originó a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) luego de una investigación en la que se detectó que habían sido falseados cientos de registros de importación.
