1.343.265,66 pesos de la corrupción vuelven al Estado. Dos ex funcionarios de la Casa de la Moneda durante el menemismo están depositando ese dinero como parte de sus condenas por pagar sobreprecios a una empresa alemana.
Se trata de Juan Carlos Kalfaian, ex vicepresidente de la Casa de Moneda, quien hace 10 días depositó 671.632,83 pesos en el Banco Nación, y de Rubén Chorbadjian, quien tiene plazo hasta los primeros días de agosto para devolver la misma cantidad de plata, informaron a Infobae fuentes judiciales.
El dinero formará parte del presupuesto del Poder Judicial y no tendrá un destino social específico como se pidió en otros casos, como el de la ex funcionaria María Julia Alsogaray, lo que rechazó la Corte Suprema de Justicia.
El recupero de los fondos públicos en casos de corrupción es algo que se viene propiciando desde hace algunos años y quienes se especializan en la lucha contra la corrupción señalan que uno de los aspectos más importantes es el decomiso de lo robado al estado.
En este caso, el Tribunal Oral Federal 4 condenó en octubre de 2015 a Armando Gostanian, ex titular de la Casa de la Moneda, a Kalfaian, a Chorbadjian y al empresario Jorge Molina porque entre 1994 y 1999 pagaron sobreprecios por 1.262.084,51 de dólares a una empresa alemana. Ese que luego volvieron a cuentas bancarias de ellos.
Gostanian –amigo del ex presidente Carlos Menem y a quien le dio refugio en su quinta de Don Torcuato cuando estuvo en prisión domiciliaria por el tráfico de armas–, Kalfaian y Chorbadjian integraron el directorio de la Casa de la Moneda durante los 10 años del menemismo. Desde esos lugares decidieron hacer seis compras directas a la empresa alemana “Atlantic Zeiser” por montos que no superasen el obligatoria para llamar a licitación pública.
Así, hicieron compras de equipos o repuestos de máquinas con un sobreprecio del 50 por ciento en cada una de las operaciones. En el juicio se determinó que el sobreprecio volvió a los involucrados. Para Gostaian retornaba el 30 por ciento a una cuenta del “Swiss Bank Corporation”, en Suiza. Y entre el 15 y 20 por ciento restante lo recibía Molina que a su vez la repartía con Kalfaian, a Chorbadjian.
Los sobreprecios fueron de 604.993 dólares y de 110.340, 2.787.322, 110.563, 881.120,50, 181.940 marcos alemanes por cada compra. El total fue de 1.262.084,51 de dólares.
El fiscal del juicio, Diego Luciani, pidió penas de prisión para todos los acusados y además el decomiso del dinero sustraído al estado. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel condenaron por el delito de peculado a Gostanian a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, a Kalfaian, y a Chorbadjian a tres años y a Molina a dos años de prisión, en esos casos en suspenso. Además, los magistrados dispusieron el decomiso a cada uno de los condenados de lo que se determinó que se llevaron por los sobreprecios.
Así, la sentencia determinó que Gostanian debía devolver 160.104 dólares y 1.217.876,80 de marcos alemanes; Kalfaian, y Chorbadjian 230.433,285 de marcos alemanes cada uno; y Molina 317.853,33 de marcos alemanes.
“La finalidad del decomiso es evitar que el autor del delito se beneficie con los efectos provenientes de su obrar ilícito”, señalaron los jueces al aplicar el artículo 23 del Código Penal de la Nación que prevé para las condenas penales “el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios”.
El caso pasó a la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó todo lo resuelto por el Tribunal Oral. Pero las circunstancias fueron distintas para cada condenado.
Casación no resolvió la situación de Gostanian. Sostuvo que primero se debe resolver si su estado de salud le permite continuar afrontando el proceso. Tiene 83 años y peritos médicos lo revisaron semanas atrás y señalaron que tiene una lesión neurocognitiva que no le permite afrontar la causa. Si los jueces suspenden el proceso, Gostanian no será detenido ni deberá devolver el dinero. Tampoco afrontará un segundo juicio oral que tiene pendiente por el presunto enriquecimiento ilícito de 5.545.680 de dólares de su paso por la Casa de la Moneda.
Por su parte, el empresario Molina apeló a la Corte Suprema para que revise su condena. Pero Kalfaian y Chorbadjian no apelaron y sus condenas quedaron firmes. Ninguno de los dos irá a prisión porque la pena es de tres años en suspenso pero sí deben cumplir con el decomiso.
Las defensas de ambos condenados se presentaron en el Tribunal Oral para informa que depositarían la plata. Kalfaian lo hizo el 5 de julio en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación a donde llevó en efectivo 671.632,83 pesos. El dinero quedó en una cuenta de la Corte Suprema a cargo de la Dirección de Administración del máximo tribunal.
Por su parte, la defensa de Chorbadjian informó que también hará el depósito y el plazo que tiene es hasta el 1 de agosto.
El cálculo del dinero que deben devolver se hizo en una pericia en la que se convirtió a pesos el valor del marco alemán al momento de los hechos.
Kalfaian y Chorbadjian decidieron depositar la plata. En los casos que eso no ocurre se dispone el remate de bienes del condenado. Si tampoco tiene bienes -en esta causa Gostanian dijo que no tenía– se les descuenta una parte de sus ingresos hasta cubrir el decomiso.
El destino de la plata
Los más de 1.300.000 pesos quedarán en el Poder Judicial. La ley de 23.853 sobre el presupuesto del Poder Judicial establece en su artículo tres que son recursos propios los “objetos comisados”.
Una de las posturas es que la plata de la corrupción tenga un fin social. Eso fue lo que propuso el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) en el caso de Alsogaray. La ex funcionaria fue condenada en mayo de 2004 por enriquecimiento ilícito a tres años de prisión y a devolver 3.179.207,05 de pesos por ese delito. Para eso se remató el Petit Hotel en el que vivía en el barrio de la Recoleta.
El Cipce pidió que el dinero sea entregado al Hospital Garrahan, lo que fue aceptado por el Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juicio. Pero la Corte Suprema revocó esa decisión e ingresó el dinero al presupuesto del Poder Judicial. Dijo que la ley no contempla ese destino y que una “transferencia sin cargo de fondos públicos a terceros iría en contra de las normas que garantizan el financiamiento del Poder Judicial”.
Otros casos
Son pocos los casos de corrupción en los que se recupera el dinero robado al estado. Hay que partir de la base que también son pocos los casos de corrupción que llegan a juicio en los que se dicta condena.
Además del de Alsogaray y el de la Casa de la Moneda, también se dictó el decomiso por el pago y cobro de sobresueldos a funcionarios durante el menemismo. Allí, los ex ministros Domingo Cavallo (Economía) y Raúl Granillo Ocampo (Justicia) fueron condenados a penas de prisión y también a devolver 220.868 y 1.350.000 pesos, respectivamente, por los sobresueldos que se determinó que cobraron. Granillo Ocampo actualmente está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito.
La Cámara Federal de Casación ordenó que el ex juez en lo Penal Económico Carlos Liporace y Guillermo Yoma, ex titular de la “Curtiembre Yoma” -propiedad de la familia política de Memen– deben restituir al estado 8.544.050,73 de pesos por el caso en el que fueron condenados porque el entonces magistrado le devolvió a la empresa ese dinero cuando estaba embargado por otro tribunal.
En ninguno de esos casos el decomiso se hizo efectivo porque las condenas no están firmes.
Otro caso que no está firme es el juicio abreviado en el que el Víctor Alderete, ex titular del PAMI durante el menemismo, y otras siete personas fueron condenadas por pagos irregulares a empresas. Dos condenados ofrecieron devolver 96.000 y 400 mil pesos al Estado.
Una causa en el que se recuperó el dinero fue el Felisa Miceli, la ex ministra de Economía de Néstor Kirchner, condenada a tres años de prisión por el dinero encontrado en el baño de su despacho del Ministerio. La ex funcionaria no tuvo que devolver la plata –eran 100 mil pesos– porque estaban en poder de la justicia desde el momento que fue encontrada. Cuando la condena quedó firme -ocurrió en abril de 2015 – la plata ingresó al Poder Judicial.
Lo mismo podría ocurrir con los casi nueve millones de dólares con los que fue detenido el ex secretario de Obras Públicas José López en junio del año pasado en un convento de General Rodríguez. Ese dinero hoy está bajo custodia judicial y si López es condenado pasará a formar parte del estado.
