a Justicia imputó a una pareja, de 54 y 55 años, por prostituir a sus hijas menores por mercaderías y dinero, en tanto que un tercer implicado en la causa fue acusado de abuso sexual, indicó un vocero del caso.
El aberrante caso, conmovió a gran parte de la comunidad de la localidad de Campo Ramón.
Los padres de las víctimas fueron trasladados hasta el Juzgado de Instrucción 2 de esa ciudad, donde se abstuvieron de declarar ante el Juez que sigue la investigación.
En ese mismo acto procesal ambos individuos fueron imputados por “promoción de corrupción de menores”, en tanto que el otro sujeto vinculado al hecho, de 67 años, quien es un empleado municipal obereño, fue acusado de “abuso sexual con acceso carnal”, agregó la misma fuente.
Este último individuo también optó por el silencio en la indagatoria.
Las infortunadas víctimas, de 11 y 17 años, declararán en Cámara Gesell en los próximos días. Sus testimonios serán claves en la causa.
Los involucrados fueron trasladados a sede policial, donde continuarán detenidos y a la espera de que se resuelva su situación procesal.
La dramática historia salió a la luz el pasado 7 de abril, en virtud de la denuncia de un familiar de los menores, quien se animó a dar a conocer la verdad pese a las amenazas de muerte a las que eran sometidas las pequeñas por sus propios progenitores.
Calvario
Según consta en la denuncia, las menores vivieron un verdadero calvario en los últimos meses en Campo Ramón y Oberá, aparentemente en la que sería la vivienda del empleado municipal detenido.
De lo que surgió de la investigación, este sujeto al parecer entregaba dinero en efectivo, alimentos y otras mercaderías para contar con el consentimiento de los padres de la niña y la adolescente, para someterlas sexualmente.
De las declaraciones que actualmente engrosan el expediente, se supo que las víctimas eran entregadas por sus propios padres y llevadas a otros lugares por el detenido para ser abusadas sexualmente.
Se desprende además que los padres mantenían el silencio de sus hijas mediante amenazas de muerte. La gravedad del hecho derivó en una rápida intervención por parte del magistrado Horacio Heriberto Alarcón, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Oberá, quien apenas conoció la denuncia ordenó la detención tanto de los padres involucrados como del municipal que figura en la denuncia.
Las víctimas son asistidas por profesionales especializados.
