Diez años de inacción estatal y falta de inversiones llevaron a que la ausencia de tratamiento de los efluentes cloacales contaminara la cuenca hídrica de la ciudad, y que por acción de la gravedad, al tratarse de un lugar con pendiente, todo ese impacto fuera absorbido por el frente costero hasta convertirlo en un “inodoro a cielo abierto”, como lo definieron las organizaciones que primero visibilizaron el tema hasta lograr que se introdujera en la agenda pública fueguina.
“Ushuaia atraviesa todavía una emergencia ambiental de la cuenca hídrica que tiene su epicentro en la costa, básicamente, porque la ciudad no mantuvo activo y en algunos casos no construyó, un sistema para colectar y tratar los efluentes cloacales”, explicó a Télam Guillermo Worman, actual presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y ex titular de la Organización No Gubernamental (ONG) Participación Ciudadana.
Según Worman, cuando en 2012 se comenzó a tomar dimensión del problema, las casas, los comercios y las industrias de la ciudad volcaban el contenido de sus baños y cocinas, directamente sobre los cursos de agua, o en redes cloacales que después terminaban en el mar sin ningún tratamiento.
Fernández terminó emitiendo sentencia el 26 de agosto de 2014, y condenó tanto al gobierno provincial como al Municipio a realizar las inversiones necesarias en el sistema cloacal y a remediar los sitios contaminados.
“Ha quedado plenamente acreditado el daño ambiental provocado por la deficiencia del sistema cloacal existente en la ciudad de Ushuaia”, por lo que “resulta necesario ejecutar obras tanto para reparar lo existente y complementarlo; cuanto para dotar a determinadas áreas de un sistema cloacal suficiente”, afirmó la sentencia.
El abogado de la ONG Participación Ciudadana, Manuel Raimbault, sostuvo que aquel fallo apuntó a “producir un cambio cultural y a entender que no es posible el crecimiento de una población sin un desarrollo sustentable y sin obras públicas prioritarias guiadas por el sentido común”.
Según Worman, a partir de la sentencia se reparó y puso en funcionamiento el sistema de tratamiento e impulsión de líquidos que había sido abandonado, y también se elaboró -durante la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos- un Plan Director de Agua y Cloacas con las obras prioritarias que hacen falta para concluir el saneamiento.
“En la zona sin sistema se construirá una planta de tratamiento y se harán obras complementarias. En Bahía Golondrina se triplicará la capacidad de la planta actual, se mejorará la impulsión y se reconstruirá el emisario submarino”, detalló el presidente de Obras Sanitarias.
Por su parte, en Bahía Encerrada -el sitio emblemático para el turismo- se quitarán los barros contaminados y se encararán tareas de reforestación para generar un nuevo entorno natural.
“La idea es desactivar esta bomba ambiental y retomar el equilibrio. Será un proceso paulatino, de 4 a 5 años. En ese lapso habrá que monitorear el mejoramiento de los índices de calidad del agua. No es automático pero es posible”, consideró Worman.
Los recursos para hacer las obras suman 500 millones de pesos y serán aportados por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, gracias a gestiones realizadas por la actual gobernadora Rosana Bertone.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo en Ushuaia la semana pasada, y durante un acto frente a la Bahía Encerrada, confirmó que los fondos ya están disponibles.
“Corrimos el riesgo de que nada menos que el Canal Beagle comenzara a parecerse al Riachuelo. Nos importa por los visitantes, pero también por quienes vivimos acá. Ahora tenemos la oportunidad de remediarlo”, concluyó el especialista.
