“Está muy claro que esta fue una manera de sacar dinero al exterior de modo muy barato”, dijo el actual titular de la AFIP, Alberto Abad, al informar sobre la posible fuga al exterior de US$ 14.473 millones entre 2012 y 2015, durante el periodo de vigencia del cerrojo a las importaciones montado por el gobierno kirchnerista. El mecanismo era sencillo: una empresa lograba la autorización para importar cierta mercadería y pedía al Banco central las divisas para pagarla. Luego la operación no se realizaba o dicha DJAI se reutilizaba varias veces. El importador así sacaba al exterior que había comprado a valor oficial, mientras la inmensa mayoría de argentinos tenía que pagar 30 o 40% más en el circuito informal.
La increíble suma de US$ 14.473 millones -equivalente a la mitad de las exportaciones agropecuarias de la Argentina-, surgió de una auditoría ordenada por el nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. ¿Qué se hizo? Un equipo liderado por Pablo Allieri comprobó si las DJAI emitidas por la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior durante la vigencia del cepo habían sido efectivamente canalizadas hacia operaciones reales. Es decir, si los dólares baratos vendidos por el Banco Central a los importadores se habían utilizado para pagar mercadería. La conclusión fue que el 6% de los US$ 225 mil millones importados por el país en esos cuatro años quedaban bajo sospecha. “Inconsistencias”, fue la palabra utilizado por la AFIP.
En realidad, según fuentes aduaneras, ya se tiene establecido con claridad que hay por lo menos US$ 3.500 millones cedidos por el BCRA a diversas empresas para operaciones que rayan la ilegalidad, o bien porque la importación nunca se concretó (es el caso de DJAI emitidos por 907 millones), o bien porque el mismo permiso se utilizó en varias ocasiones, o bien porque se importó mercadería por 10 pero se solicitaban dólares para pagar por 50. En total, hay 17.497 CUIT de operadores de comercio exterior que presentan inconsistencias, sobre un universo que no llegaría a 30.000. Es decir, hubo un festival con muchos invitados.
En conferencia de prensa, Abad y Gómez Centurión informaron que ya se realizó la primera denuncia en el fuero Penal Económico, contra 55 importadoras que habían pedido US$ 395 millones al BCRA pero nunca ingresaron la mercadería al país. Es el primer paso antes de una ofensiva que promete ser mucho más grande. En pocos días más la Aduana pedirá a cada uno de las 17 mil sociedades involucradas que justifique su situación. A quien no pueda responder en 10 días les puede caber una denuncia semejante, que incluiría los delitos de contrabando, evasión, posible lavado de activos, y otros ilícitos del régimen cambiario. Abad aprovechó para sugerirles a todos los que fugaron dólares por esta vía a que aprovechen el nuevo blanqueo para declararlos y pagar los impuestos que correspondan.
En su presentación, tanto el jefe de la AFIP como el de la Aduana se cuidaron de mencionar con nombre y apellido a los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner que pudieran quedar salpicados por este nuevo escándalo. No era necesario. Las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) eran solicitadas primero a la AFIP de Ricardo Echegaray y luego eran autorizadas por Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno. Entre 2012 y fines de 2015, además, por el BCRA pasaron Mercedes Marcó del Point, Juan Cargos Fábrega y Alejandro Vanolli. La UIF (unidad antilavado) también debería haber alertado por operaciones sospechosas, lo mismo que muchos bancos privados que actuaron de intermediarios.
“Hace por lo menos ocho o nueve años que en la Aduana no se hacía una denuncia de este tipo, no había gente acostumbrada a redactarlas”, se quejó Gómez Centurión. Quedó claro que la falta de controles era total. Y que muchos se beneficiaron comprando dólares baratos cuando la mayoría de los argentinos no podía hacerlo o tenía que recurrir al mercado “blue” para pagarlos bastante más caros.
Por: Matías Longano
