Por el cambio en la fórmula de movilidad que propone el Gobierno, el haber mínimo bruto –antes de los descuentos– que cobra más de la mitad de los 6 millones de los jubilados y pensionados subirá en marzo de 2018 de $ 7.246 a $ 7.623, un incremento de $ 377. Y la Asignación Universal por Hijo (AUH) de $ 1.412 pasará a $ 1.485, un incremento de $ 73.
Estas cifras son porque las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales que alcanzan a más de 17 millones de personas se ajustarán en marzo próximo en un 5,2%, si se aprueba el proyecto oficial que ingresó el viernes al Congreso que estipula que el próximo primer aumento se basará en la inflación de julio-septiembre de 2017.
Luego, en junio, esos beneficios se ajustarán por la inflación de octubre a diciembre de 2017, más un 5% de la variación porcentual real del Producto Bruto Interno. Esto significa, por ejemplo, que si la inflación del cuarto trimestre fuese del 4,5% y el crecimiento anual del 4%, el plus por PBI sería de 0,2 puntos y el aumento total sería del 4,7%.
De aquí se desprende que para una jubilación o pensión de $ 10.000, el plus anual por crecimiento sumaría $ 20 más por jubilado o pensionado por mes. En cambio, si se otorgara todo el aumento del PBI, el plus anual sería de $ 400.
Además de cambiar la fórmula de movilidad, el proyecto propone reemplazar el aumento semestral por incrementos trimestrales pero con un desfase de hasta de 6 meses. Esto es así porque, por ejemplo, recién en junio de 2018 los beneficiarios de las prestaciones recibirán la inflación de cuarto trimestre de 2017, de acuerdo al proyecto oficial.
En cambio, con la actual fórmula, en marzo de 2018 las prestaciones deberían aumentar por las variaciones de las variables – salario/recaudación– del segundo semestre de 2017. En septiembre de 2018, se repite el desfase porque el aumento de haberes se basará en la inflación de enero-marzo de 2018, cuando por la actual fórmula deberían aumentar por lo que pasó entre enero y junio de 2018.
El especialista Guillermo Jáuregui insiste en que la fórmula no puede ser modificada en forma retroactiva. Su argumento es que, al votar el Congreso la nueva fórmula, ya estarán devengados los índices de la fórmula actual (salarios/recaudación) que arrojarían no menos del 12% a otorgar en marzo.
El proyecto fija que los “beneficiarios de la PBU (Prestación Básica Universal) tendrán la garantía del 82% del salario mínimo, vital y móvil –una relación que ya rige en la práctica– que acrediten 30 años de aportes efectivos. Expresamente, excluye de esa garantía a los que se jubilaron por moratoria. Pero, según los especialistas, las jubilaciones de regímenes con menos de 30 años de aportes, los que se jubilaron con “exceso de edad” compensando años de aportes y las pensiones por invalidez o fallecimiento (que se calculan sobre el sueldo, y no tienen PBU) quedarían al margen de esa garantía, con lo que habría diferentes haberes mínimos, según el tipo de jubilación o pensión, menores al mínimo universal.
Otro cuestionamiento de los especialistas es que, mientras las jubilaciones y pensiones ya otorgadas se ajustarán por inflación, los haberes de los nuevos jubilados se basarán en el sueldo promedio de los últimos 10 años actualizados por una nueva fórmula que toma en cuenta la variación de los salarios (RIPTE). La falta de uniformidad en los índices de ajustes puede llevar a desfases en el sistema, advierten.
