En la causa que investiga la presunta defraudación al Estado por no pagar $ 8.000 millones correspondientes al impuesto al combustible, Cristóbal López va hoy a Comodoro Py. Al igual que su socio Fabián de Sousa, presentó ayer un escrito y no responderá preguntas. Voluntad de pagar y la justificación de adecuarse a un plan de financiación que la AFIP que dirigió Ricardo Echegaray le otorgó, serán los argumentos centrales de su defensa.
En un breve escrito que presentará -al igual que De Sousa ya que tienen la defensa unificada a cargo de Carlos Beraldi- el empresario K estará hoy frente al juez Julian Ercolini para declarar por la deuda de $ 8.000 millones que contrajo con la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner al no tributar el impuesto al combustible.
Desde el entorno de López indicaron a Clarín que sus argumentos serán muy similares a los de su socio que ayer pidió la nulidad de la causa y sostuvo que no hubo “ningún perjuicio ni ilegalidad” en la deuda. Para sostener dicho planteo manifiestan que se adecuaron a la financiación otorgada por el ente recaudador – dirigido por Ricardo Echegaray- con un interés mensual de 3 %.
Sin embargo en la investigación apuntan a que la deuda millonaria incrementada por años permitió que López financie al grupo Indalo, hoy inhibido por la Justicia, al igual que las cuentas personales del empresario K y su socio.
Frente al avance judicial, el “zar del juego” presentará la próxima semana un pedido de autorización ante la Justicia para avanzar en la asociación con una compañía extranjera para la incorporación de nuevos capitales. Ahora la premura que no tuvieron durante el kirchnerismo, es saldar la deuda fiscal.
El grupo Indalo, que creció sustancialmente durante el kirchnerismo (de 9 a más de 33 firmas), tiene activos por 650 millones de dólares, y buscarán desprenderse de algunas compañías “para saldar un 60% de la deuda los próximos meses”, y si logran adecuarse a la moratoria fiscal en dos años terminar de cancelar la acreencia.
Además López enfrenta una causa por retención de aportes provisionales en un conjunto de empresas de Indalo, donde en su defensa señaló que el pago está “normalizándose”.
Lucía Salinas
