Sale un empresario K, entra otro empresario K. Como en un partido de fútbol -a pesar del cambio de administración, de las causas judiciales y de grandes polémicas- el Gobierno de Mauricio Macri le otorgó a Cristóbal López una de las obras públicas que Lázaro Báez no terminó durante el kirchnerismo.
Todo comenzó con las auditorías que el Gobierno hizo sobre las principales obras que tenía adjudicadas Báez, procesado y detenido desde el 5 de abril por “La ruta del dinero K”. A partir de estas revisiones se determinó que una de las adjudicaciones -la construcción de un tramo de autovía en la ruta 3, entre Rada Tilly y Caleta Olivia, que debía haberse terminado hacía varios años- estaba en muy bajos niveles de ejecución. Además, que todavía se le adeudaban unos $ 3000 millones al empresario K.
EL TENDAL QUE DEJÓ BÁEZ
Vialidad Nacional rescindió esos acuerdos y llamó a una nueva licitación que terminó ganando la empresa CPC Construcciones de López, que presentó una oferta inferior al presupuesto oficial y a la de los otros participantes. Así, el zar del juego -investigado e inhibido por la Justicia por su deuda de $ 8 mil millones de la empresa Oil con la AFIP- se quedó con la obra a cambio de $ 1569 millones, de acuerdo a La Nación.
En la licitación se presentaron 17 oferentes, entre empresas y consorcios, y Vialidad estimó el presupuesto oficial en $ 1964 millones. Tras la sorpresa por la oferta de López surgieron varias sospechas. La principal es que el empresario K y sus socios armaron una estrategia para sumar contratos en la compañía para luego desprenderse de la firma, lo que complicaría al futuro dueño por no poder cubrir los costos de la obra en cuestión.
Ante la situación de López Vialidad Nacional hizo consultas a la Justicia, a la AFIP y a la oficina que maneja el registro de constructores. Los dos primeros indicaron que los reclamos y procesos judiciales alcanzan a las empresas del Grupo Indalo y que CPC está fuera de ese conglomerado. El tercer organismo dijo que la constructora de López tiene capacidad financiera y operacional como para cumplir con una obra de esta magnitud. En conclusión, no hubo objeciones.
Vialidad había aclarado en el llamado a licitación que la obra se adjudicaría a la oferta válida más baja, no la más conveniente. Ahora todos los controles se centrarán en la ejecución, para que de una vez por todas se termine la ruta que dejó inconclusa Báez.
