En la causa que investiga la presunta defraudación al Estado por no pagar $ 8.000 millones correspondientes al impuesto al combustible, Cristóbal López estuvo hasta el mediodía en Comodoro Py. Al igual que su socio Fabián de Sousa, presentó un escrito sin responder preguntas, pero en un tono más técnico y más extenso. El empresario K señaló que no integra “el directorio de Oil Combustible”, empresa investigada y responsable de la millonaria suma que no se pagó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Además señaló que hay mucho de la investigación que “ya es cosa juzgada” y pidió ser sobreseído. Voluntad de pagar y la justificación de adecuarse a un plan de financiación que la AFIP que dirigió Ricardo Echegaray le otorgó, también fueron parte de los argumentos centrales de su defensa, donde negó la existencia del delito que se le imputa.
En un escrito más técnico que presentó esta mañana, Cristóbal López se defendió en la causa que investiga la falta de pago de los $ 8.000 millones correspondientes al impuesto al combustible, bajo el delito de “defraudación contra la administración pública”. Al igual que De Sousa con quien tienen la defensa unificada a cargo de Carlos Beraldi -abogado de la ex Presidenta-, el empresario K minimizó sus responsabilidades por la deuda que contrajo con la AFIP.
“No integro el directorio de la compañía señalada en la investigación” indicó y se refirió a su participación en Oil Combustible, señalando que no es “accionista formal” de la firma “ni presté funciones ejecutivas en la misma, sea como apoderado, gerente o cualquier cargo con facultades decisorias”, dice en el escrito al que accedió Clarín.
En el último directorio figuran sus dos hijos Emiliano y Cristóbal Nazareno. Pese a su argumento, el Grupo Indalo responde a sus directivas y estas firmas son parte de su holding. Deslindándose de toda responsabilidad, López dijo que no intervino “directa ni indirectamente en la solicitud de los planes de facilidades de pagos otorgados a Oil Combustible”, agregó.
Además remarcó que nunca tuvo intervención en las decisiones tributarias e impositivas de la compañía investigada. En este marco pidió ser sobreseído considerando que es “ajeno a los hechos investigados” en la causa.
Desde el entorno de López indicaron a Clarín que sus argumentos van en la misma línea que su socio que ayer pidió la nulidad de la causa y sostuvo que no hubo “ningún perjuicio ni ilegalidad” en la deuda contraída. Para sostener dicho planteo manifiestan que se adecuaron a la financiación otorgada por el ente recaudador – dirigido por Ricardo Echegaray- con un interés mensual de 3 %.
Sin embargo en la investigación apuntan a que la deuda millonaria incrementada por años, permitió que López financie al grupo Indalo, hoy inhibido por la Justicia, al igual que las cuentas personales del empresario K y su socio. Las firmas señaladas son Oil Combustibles e Inversora M & S, que es inquilina de Los Sauces SA propiedad de la ex Presidenta.
El planteo de que se trata de una “causa política” estuvo presente en la defensa de López, según fuentes judiciales. El empresario K y su socio manifiestan que hay “voluntad de pago” pero para ello la Justicia debe “autorizar la venta de algunas empresas para obtener fondos”.
Frente al avance judicial el “zar del juego” presentará la próxima semana un pedido de autorización ante la Justicia para avanzar en la asociación con una compañía extranjera para la incorporación de nuevos capitales en el rubro energético, construcción y producción. Ahora la premura que no tuvieron durante el kirchnerismo, es saldar la deuda fiscal.
El grupo Indalo que creció sustancialmente durante el kirchnerismo (de 9 a más de 33 firmas en doce años) tiene activos por 650 millones de dólares, y buscarán desprenderse de algunas compañías -como alimentos y las rurales- “para saldar un 60% de la deuda los próximos meses”, y si logran adecuarse a la moratoria fiscal en dos años terminar de cancelar la deuda.
Además López enfrenta una causa por retención de aportes provisionales en un conjunto de empresas de Indalo, donde en su defensa señaló que el pago está “normalizándose”.
Por: Lucía Salinas
