Después de doce años de gobierno kirchnerista y U$S 2.200 millones dirigidos a Lázaro Báez en contratos viales, por primera vez Cristina Kirchner deberá declarar en una causa por corrupción que busca desentrañar el “direccionamiento de la obra pública” a favor del “amigo presidencial”. Es la investigación más compleja y más incómoda para la ex Presidenta que deberá explicar los mecanismos que durante su Gobierno permitieron que el empresario K, monotributista hasta 2003, gane el 78,4% de los contratos viales que se licitaron en Santa Cruz.
Además de la ex presidenta -imputada como co autora de la presunta matriz de corrupción-, por los Tribunales de Comodoro Py pasarán esta semana Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José López (ex secretario de Obras Públicas), el propio Báez y 13 ex funcionarios nacionales y de la provincia de Santa Cruz. La ex presidente dará inicio a una semana judicial caliente para el kirchnerismo.
Los 17 imputados deberán declarar ante el juez federal Julián Ercolini durante los próximos 28 días. La causa, según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, investiga un “plan criminal” en “detrimento del erario público” para beneficiar a Báez, que durante el gobierno kirchnerista logró contratos viales por U$S 2.200 millones ( $ 33.800 millones al tipo de cambio actual).
Ratifican una denuncia penal contra De Vido por malversación de fondos. Foto Télam.
Con un respaldo más moderado de la militancia -a diferencia de cuando declaró en la causa del dólar futuro que armó un acto político-, Cristina Kirchner será la primera en declarar hoy a las 10 y presentará un escrito técnico en sus argumentos pero con algunas definiciones que ya había anticipado. Repetirá que Lázaro Báez no es su amigo, buscará desmentir que el ranking de obra pública coloque primero al Grupo Austral y exigirá la realización de una “verdadera auditoría” de la obra pública . Durante el fin de semana, desde el Sur, intentó despegarse de quien administró sus hoteles y con quien tuvomúltiples y millonarias transacciones inmobiliarias.
La ex presidenta llegó ayer a Buenos Aires desde El Calafate en el vuelo 1821 de Aerolíneas Argentinas. A diferencia de otras veces, esta vez no hubo una movilización masiva para recibirla. Pasó la noche en su departamento del barrio porteño de Recoleta.
Hace diez días los fiscales ampliaron las acusaciones contra la ex Presidenta revelando más mecanismos que favorecieron al empresario K en 19 contratos. Consideran que la responsabilidad máxima corresponde a Cristina Kirchner a quien señalaron de sosteneral menos 13 negocios inmobiliarios con Báez.
Enemigos íntimos. Lázaro Báez y Cristina Kirchner, saliendo del mausoleo de Néstor. El único vínculo que los unía. Además de los negocios.
En función de estos negocios buscan reforzar “los vínculos entre la ex familia presidencial y Báez”, que además fue responsable de gerenciar tres hoteles de Cristina Kirchner hasta 2013. Así, reafirman las tesis del dictamen inicial: “la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial”, y un “plan direccionado” exclusivamente para colocarlo como “el principal beneficiario de los contratos”. Pollicita y Mahiques hablan de un “plan criminal” para destinar sumas millonarias al Grupo Austral, con un dato no menor: era el único holding al que Vialidad Nacional no le adeudada ningún certificado al 10 de diciembre, cuando el kirchnerismo se retiró de la Casa Rosada.
A Cristina Kirchner se la acusa de “enriquecer a una persona de su confianza a través de la canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz por intermedio de la obra vial”. Algo que la ex Presidenta negó, señalando que lejos de ser Austral Construcciones la más favorecida, se encontraba en el número 38 del ranking de constructoras, un listado que oficializó el año pasado Julio De Vido. Según la auditoría de Vialidad Nacional que dirige Javier Iguacel, Báez fue quien recibió más fondos en contratos y en el sur concentró el 78,4 % de todas las licitaciones.
Una de las tantas obras adjudicadas a Báez y que quedó inconclusa, sobre la Ruta 40. Foto Maxi Failla.
La Justicia sospecha además de un direccionamiento de fondos del área de Planificación Federal hacia Vialidad, para poder así “cubrir las erogaciones de las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, el único contratista de obra pública vial al que no se le adeudaba nada”.
La investigación, una de las más emblemáticas sobre la obra pública K, se originó con la denuncia que realizó en 2008 Elisa Carrió por “asociación ilícita” que incluye a los Kirchner, a funcionarios y empresarios K como Báez.
La imputación de la ex mandataria, se originó después de la documentación aportada por Vialidad Nacional que denunció penalmente la “discrecionalidad en la obra pública” a favor del Grupo Austral. Sobreprecios del 65 por ciento, pagos de certificados por obras no iniciadas, imposibilidad técnica de la empresa para afrontar la cantidad de contratos otorgados, son algunas de las principales acusaciones del organismo vial.
Lucía Salinas
