En el último año hubo 13 secuestros extorsivos por mes y marzo pasado fue su pico máximo: se cometieron 23, según datos de la Procuración General de la Nación. Por eso, en los próximos días comenzará a funcionar una unidad fiscal especial para investigar esa modalidad delictiva.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmará en las próximas horas la puesta en marcha de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos.
La nueva dependencia llega con el aval del gobierno nacional, que ofreció equipamiento, en un momento en que volvió a resurgir está modalidad del delito. Tendrá como función central asistir y colaborar con los fiscales que investiguen secuestros y que así lo pidan. También elaborarán estadísticas y analizarán la información criminal que surja de los distintos casos.
La nueva fiscalía funcionará durante un año –que puede ser prorrogable– y estará a cargo del fiscal federal de Rosario Santiago Marquevich, hijo del destituido juez de San Isidro, Roberto Marquevich.
La decisión de Gils Carbó cuenta con el visto bueno del gobierno de Mauricio Macri. Funcionarios de la Procuración y del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, mantuvieron reuniones sobre el tema. Inclusive, el Ministerio de Seguridad ofreció oficinas y vehículos para los funcionarios de la unidad fiscal, en caso de que lo necesiten.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, junto a Cristian Ritondo
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, junto a Cristian Ritondo
La unidad especial llega en un momento en el que los secuestros recrudecieron. La mayoría en la provincia de Buenos Aires y bajo la modalidad express. En las últimas semanas fueron victimas de este delito el dirigente peronista Osvaldo Mércuri y su esposa, la diputada bonaerense María Elena Torresi; un chico de 10 años, y un hombre con sus hijos de dos y 11 años, entre otros casos.
“Las estadísticas del organismo demuestran que, desde hace aproximadamente un año, los registros de este fenómeno criminal se estabilizaron en altos niveles de ocurrencia y magnitud. Con relación a la gravedad resaltada, se destaca la vinculación con estos hechos de miembros de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales en varias ocasiones”, señala la resolución en la que se crea la unidad especial.
Estadísticas
Los registros de la Procuración General marcan que en el último año se cometió un promedio de 13 secuestros extorsivos por mes. Se trata de los casos conocidos a partir de las intercepciones telefónicas ordenadas por jueces y cuya dependencia, el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), estuvo a cargo de la Procuración General hasta este año. Pasó a la Corte Suprema bajo el nombre de Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación y ambas instituciones trabajaron en conjunto hasta fines de abril.
Según los datos de la DICOM, desde julio del año pasado hasta abril del corriente se cometieron 133 secuestros extorsivos. Marzo de 2016 fue el mes de mayor cantidad (23); y le siguen diciembre (17) y septiembre (16) de 2015. Abril de este año fue el mes con menos secuestros, cinco.
En la provincia de Buenos Aires se realizaron el 73 por ciento de los secuestros. Le siguen la ciudad de Buenos Aires con 22 por ciento, Santa Fe con el 2 por ciento y Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba con 1 por ciento.
Dentro de la provincia de Buenos Aires, Morón es la localidad más caliente para el secuestro extorsivo. Allí se cometieron el 37 por ciento de ese tipo de delito en territorio bonaerense. En Lomas de Zamora se cometieron el 24 por ciento, en San Martín el 13 por ciento, en Tres de Febrero el 8 por ciento, en Quilmes el 7 por ciento, en Campana el 6 por ciento, en San Isidro el 3 por ciento y en Mar del Plata y La Plata el 1 por ciento.
Las fuentes consultadas señalaron que se trata de una estadística de referencia, ya que los secuestros en los que se llega a una intervención telefónica son los que se denuncian a la justicia y cuando la actuación –tanto de los fiscales, los jueces y los encargados de intervenir los teléfonos, ya sea la Dirección de Captación de Comunicaciones de a Corte Suprema o las empresas de teléfonos– actúan rápido.
En esos números no están los casos que no son judicializados y otros hechos que pudieron ser un secuestro pero fueron investigados o calificados de otra manera.
Por: Martín Angulo
