Cuando Ricardo Jaime manejaba los destinos de las políticas de transporte del país y por ende los negocios, fue un virtual “empleado/socio” de Néstor Otero, empresario y dueño de la firma que explota la concesión estatal de la Terminal de Ómnibus de Retiro.
Jaime debía controlar a Otero. Jaime le extendió a Otero mediante una negociación cara a cara- el contrato de explotación de Retiro desde 2006 hasta 2015. Y Otero le pagó de diversas maneras. Una de las coimas del empresario al funcionario de Néstor y Cristina Kirchner fue el pago mensual del alquiler del departamento de Retiro donde Jaime vivió cuando llegó a hacerse cargo del puesto de secretario de Transporte de la Nación. Ese cobro de coima fue confesado por Jaime quien pactó una condena en Tribunales para no ir a juicio oral y público por corrupto. Otero fue beneficiado-en virtud de que no tenía condenas anteriores- con una “probation”.
En otra causa judicial en la que Jaime fue procesado por enriquecimiento ilícito, se comprobó que el empresario de la Terminal de Retiro le compró un hotel en Carlos Paz, una camioneta y una casa en un barrio cerrado de San Isidro. Esa era la relación entre el funcionario que renegoció el contrato de la concesión de la Terminal de Retiro y el empresario que se la renovó en nombre del estado argentino. Otero continúa al frente de Retiro porque el macrismo-que le otorgó el negocio de la Terminal del Sur de la Ciudad- le prorrogó el contrato hasta que haya un nuevo llamado a licitación pública.
A raíz de las irregularidades en el proceso de renovación de la concesión hecha por Jaime y Otero, se abrió una causa judicial en 2013 que está en manos del juez Sebastián Ramos. El fiscal del caso, Carlos Stornelli, pidió la indagatoria tanto de Jaime como de Otero. Ambos fueron citados por Ramos para los días 18 y 19 de octubre próximos. En la investigación judicial fue fundamental un informe de la Auditoría General de la Nación que revisó el modo en que Jaime favoreció a Otero. Los técnicos de la AGN, varios de ellos declararon en la causa judicial, detectaron una importante cantidad de irregularidades en la renegociación que le permite a Otero-aún hoy- seguir con el negocio de Retiro. En la causa hay información de la Sindicatura General de la Nación y de la Comisión Revisora de Cuentas del Senado de la Nación. En los informes se critica que se le haya renovado el contrato de explotación de Retiro a la empresa Terminal de Buenos Aires (TEBA) a pesar de sus reiterados incumplimientos desde que obtuvo la concesión principios de los años 90. La ventajosa renegociación entre Jaime y Otero favoreció al empresario tanto en el menor canon que pagó por explotar la Terminal como también en la falta de control de los numerosos negocios que se realizan dentro del predio público al que entran y salen los micros.
Stornelli, cuando pidió la indagatoria de Jaime y Otero, señaló que en la causa había información que “da cuenta de la existencia de motivos bastantes para sospechar que Ricardo Raúl Jaime se interesó en miras de, cuanto menos, un beneficio de la empresa TEBA S.A., representada por Néstor Emilio Otero, en la renegociación del Contrato de Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y Servicios Complementarios de la Estación Terminal de Ómnibus Retiro, en las que intervino en razón de su cargo de Secretario de Transporte de la Nación”. Por eso Jaime -el primer ex funcionario kirchnerista preso por un caso de corrupción- y uno de los empresarios que lo coimeó, deberán declarar en indagatoria.
Cuando se tenga que presentar ante Ramos, Jaime deberá responder por otro negocio cuestionado: la concesión de la obra para el reacondicionamiento de la Terminal Ferroviaria de Mar del Plata. Dos días después del ex funcionario que está detenido desde abril pasado, el 20 de octubre–a la misma hora que debe concurrir como imputada en otro caso la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- tiene que declarar Juan Pablo Schiavi, quien sucedió a Jaime en el cargo de secretario de Transporte.
Según se estableció en la investigación judicial, la empresa Herso S.A, fue la beneficiada con el contrato de la Terminal Ferroviaria de Mar del Plata. Esa firma integra el Grupo Emepa, de la familia de Gabriel Romero, un importante conglomerado empresario que realiza obra pública ferroviaria y además-entre otros negocios- explota la Hidrovía y administra y explota ferrocarriles interurbanos. En el proceso –que atravesó los mandatos de ambos secretarios de Estado- se ampliaron los plazos de finalización de la obra y se modificaron los montos del contrato. Para el fiscal Stornelli allí residió la maniobra. Cuando pidió la indagatoria de ambos ex funcionarios, Stornelli señaló que ” considera esta parte que la ampliación de los plazos previstos para la conclusión de los trabajos acordados significó un menoscabo a la adecuada gestión de la cosa pública, existiendo motivos bastantes para sospechar que Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi, afectaron la imparcialidad de la voluntad del órgano administrativo a su cargo, interesándose en miras de un beneficio de la empresa Herso SA en la “Nueva Playa de Vías, Plataforma Ferroviarias y Edificios Operativos de la Estación Ferroviaria de la ciudad de Mar del Plata”, en las que intervinieron como titulares de la Secretaría de Transporte de la Nación, prorrogando sucesivamente los plazos para el cumplimiento de las obligaciones en cabeza de la firma sin justificativo suficiente y pese que se había otorgado un anticipo financiero”. En fuentes judiciales no descartan que los integrantes de la sociedad Herso, tengan que pasar por el tercer piso del edificio de Comodoro Py 2002-donte tiene su despacho Ramos- para declarar también en indagatoria.
