La causa que se disparó en la Justicia Federal de Posadas por el decomiso de un cargamento de casi cuatro millones de pesos en repuestos contrabandeados desde el Paraguay avanza. Y la mira está puesta en la actuación que le cupo a los funcionarios de la Dirección General de Aduanas afectados al control en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, paso por donde ingresó la mercancía desde Encarnación a Posadas.
Fuentes de la DGA indicaron que por orden del Juzgado Federal se están analizando las cámaras de seguridad del viaducto, a fin de establecer los movimientos del personal que estaba de guardia al momento del cruce del utilitario blanco donde trajeron las piezas.
Y no sólo eso. También están indagando en los registros de Migraciones y de la Gendarmería Nacional, a fin de reconstruir cómo fue la inspección de la misteriosa “Trafic blanca”, interceptada a principios de julio en el cruce de las avenidas Marconi y Cabred por personal de la Prefectura Naval Argentina.
Por el hecho hay un imputado, el conductor del rodado. El hombre carecía de los avales para las mangueras para turbo, compresores, camisas de cilindro, pistones, pipas de presurización, bombas inyectores de combustible y juntas de motor que transportaba en el vehículo.
La Justicia también ordenó que peritaran el celular del chofer del utilitario, ya que apenas lo abordaron habría establecido algunos contactos. Es más, incluso hablando con los encargados del procedimiento habría dado pistas acerca de los destinatarios de la mercadería, en Posadas.
El imputado ya fue indagado a fines de julio. Pero la acusación podría avanzar sobre los aduaneros si se establece que hubo complicidad. La propia DGA está colaborando fuertemente porque quiere deslindar responsabilidades, ante las sospechas de que incluso un funcionario jerárquico pudo haber sido parte de la maniobra.
Si se confirma la hipótesis, la calificación legal de la causa podría virar hacia un “contrabando calificado por la participación de un funcionario público”.
La causa se tramita en la Secretaría Penal y Correccional 1 del Juzgado Federal, a cargo de Alejandro Gallandat. Interviene el fiscal Federal Jorge Campitelli.
