La Cámara Federal confirmó hoy su procesamiento por ese delito que prevé penas de hasta diez años de prisión, decisión que recayó también sobre el presidente del directorio de la Corporación del Mercado Central, Carlos Martínez; del vicepresidente Fabián Dragone y del gerente general Guillermo Consentino, según el fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones, al que accedió Télam.
Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun entendieron que hay prueba para enviar a todos a juicio oral por haber pagado con fondos del Mercado Central la confección de objetos de merchandising con leyendas contrarias al grupo Clarín.
Y remarcaron que en la causa se encontraron “sucesivas órdenes de pago” autorizadas por los directivos del Mercado Central para solventar “la adquisición de mercadería y objetos de todo tipo con la inscripción ‘Clarín Miente'”.
Entre estos objetos hubo remeras, pecheras, gorros, globos tipo zeppelin “con el correspondiente servicio de carga a gas y globos a dos caras”, detallaron los camaristas.
Moreno “como titular de la Secretaría de Comercio Interior, era el encargado de actuar en representación del Gobierno Nacional en el seguimiento de las políticas que desarrolle la Corporación del Mercado Central y su correspondencia con las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional, teniendo a su cargo la relación con las demás jurisdicciones que la integran”, reseñaron los camaristas.
“La injerencia que el nombrado tuvo en los hechos surge tanto de constancias documentales como de las pruebas que revelan el uso otorgado a la mercadería solventada por la Corporación”, advirtieron.
“Es imposible pasar por alto que fue el propio Moreno quien exhibió folletería y cosas de igual tenor en espacios tales como el Congreso de la Nación, en aviones usados para viajes oficiales e incluso en su propio despacho”, agregó el fallo.
Para los camaristas se usaron fondos “de procedencia estatal” y no recursos genuinos de la Corporación Mercado Central, en una “maniobra previamente acordada” con Moreno, “quien originariamente dio su venia al desvío y después utilizó su producido, con un fin ajeno a los objetivos de índole público que debían -y formalmente decían- perseguirse”.
La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien primero la archivó a pedido de la fiscalía.
Pero la Cámara federal de Casación ordeno reabrirla y disponer más medidas de prueba para determinar de dónde había salido el dinero para la propaganda exhibida entre 2011 y 2013, que incluyó también biromes, llaveros, gorros y alfajores.
También se investigó el pago de prendas y globos con la leyenda “Clarín Miente” llevados a una misión oficial del Poder Ejecutivo en Angola, Africa, entre otros hechos.
En la causa se obtuvieron constancias por más de 180.000 pesos referidas a esos materiales de propaganda pagados por la Corporación del Mercado Central.
