El Gobierno negocia con Estados Unidos la compra de aviones para combatir el narcotráfico. Se trata de 24 aeronaves T6-C Texan II, cuya venta fue aprobada por el Departamento de Defensa norteamericano. Cómo son y cuánto cuestan.
Las unidades serán usadas tanto para el entrenamiento de pilotos, como para misiones de reconocimiento y control de fronteras, según consignó el diario La Nación. El acuerdo, que se produce en un marco de acercamiento entre ambas naciones, tendrá un costo que rondará los US$ 300 millones.
Las aeronaves cumplirían el rol de los Tucano brasileños como unidades de adiestramiento avanzado y de ataque. Tendrán características similares a las de los actuales Pucará nacional, ya que la aprobación norteamericana incluye los sistemas de tiro para ametralladoras y cohetería.
En ese sentido, una parte de las unidades podría ser derivada a la creación de un grupo de interceptores a cargo de la Gendarmería. Esa fuerza realiza hoy seguimientos de aviones narcos con avionetas de uso civil. Las flamantes aeronaves con radares de interceptación tendrá la capacidad efectiva de brindar apoyo a las tropas antinarco en el terreno.
El historial positivo del T6-C en la lucha contra el narcotráfico fue un aliciente clave para iniciar las negociaciones. Es utilizado por México para el control de fronteras y es el principal adiestrador avanzado de la fuerza aérea de los Estados Unidos.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa está detrás de un interceptor supersónico para reemplazar a los obsoletos Mirage. En esa misión es muy bien considerada la propuesta italiana: el Aermacchi M346. Un caza liviano que podría adaptarse a las posibilidades argentinas.
La adquisición de esta aeronave también tendría como objetivo dar nuevos golpes al narcotráfico. De un tiempo a esta parte, el Gobierno decidió desplegar un mayor control en las fronteras y reforzar los mecanismos de seguridad en todos los puestos de ingreso y egreso del país.
El plan de “fronteras seguras”, como lo denominan en la Casa Rosada, ya se puso en marcha y es coordinado por los ministerios de Seguridad y del Interior, la Cancillería y la Jefatura de Gabinete. La estrategia oficial busca combatir el narcotráfico, la trata de personas y eventuales casos de terrorismo en la Argentina.
