Palacios fue raptado anoche mientras viajaba en automóvil por la ruta que une las ciudades Pamplona y Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Cuatro hombres armados que se desplazaban en dos motocicletas interceptaron el vehículo a la altura del municipio pamplonita y se llevaron al oficial “con rumbo desconocido”, confirmó la Policía Nacional en un comunicado reproducido por los principales medios colombianos.
En el momento del secuestro, Palacios viajaba acompañado por su padrastro, Arcilio Ortiz, de 76 años, quien fue dejado en el coche por los captores, que “le manifestaron que en una hora el capitán estaría de regreso”, según la Policía.
Al transcurrir ese lapso y no tener noticias de Palacios, Ortiz buscó a un vigilante de la zona para que se comunicara con las autoridades y reportara el hecho, relató la madre de la víctima, Flor Montero.
La Policía afirmó que puso en marcha un operativo para encontrar a Palacios, a cargo de “un equipo interdisciplinario de investigación” encabezado por el subdirector de la institución y el director de los Grupos Antisecuestro (Gaula), generales Ricardo Restrepo y Fabio López Cruz.
Asimismo, la institución exigió a los secuestradores del capitán “respetarle su integridad y devolverlo de inmediato al seno de su familia”.
Palacios recibió varias amenazas de muerte que denunció ante la fiscalía y, pese a que solicitó medidas de protección, las autoridades nunca se las brindaron, aseguró su hermana Raiza.
“Es injusto por todo lo que está pasando mi hermano y que ahorita se lo hayan llevado; no sabemos dónde lo tienen, no sabemos quién se lo llevó”, dijo la mujer, quien también pidió seguridad para toda su familia.
El capitán denunció meses atrás la existencia de una red de prostitución masculina en el seno de la Policía Nacional, que fue denominada por la prensa como “La Comunidad del Anillo” y de la que aseguró haber sido víctima.
El caso desató un gran escándalo y causó el mes pasado las renuncias del director de esa institución, general Rodolfo Palomino, y el viceministro del Interior para las Relaciones Políticas, Carlos Ferro.
Palomino renunció y además pidió su retiro del servicio activo en la fuerza horas después de que la Procuraduría General abriese contra él un proceso disciplinario por su presunta participación en la red.
La indagación al general también incluye sospechas de enriquecimiento ilícito y de seguimiento ilegal a periodistas que investigaron las denuncias contra él y publicaron notas sobre el asunto.
La fiscalía procura determinar si es cierto que cadetes de la escuela de formación de la Policía Nacional eran obligados a mantener relaciones sexuales con oficiales, tal como asegura Palacios, quien es testigo de la causa.
Paralelamente, también apunta a comprobar si oficiales de la Policía ofrecían a algunos de esos cadetes a legisladores, con la presunta finalidad de ganarse la simpatía de ellos para facilitar sus ascensos dentro de la fuerza.
La Procuraduría General advirtió que esas denuncias pueden derivar en procesos penales que “se podrían encuadrar en diversos delitos, como proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas”.
En cuanto a Ferro, dejó su cargo en el Ministerio del Interior luego de una radio local divulgara el audio de un video grabado en 2008 -cuando aquél era senador- por Palacios, en el que ambos mantienen una conversación de alto contenido sexual aunque no se menciona ni se alude la presunta red de prostitución.
