El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a Cristina Kirchner y dispuso la inhibición general de sus bienes. Es en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. La expresidenta fue convocada para el próximo 20 de octubre. También fueron citados Julio De Vido, Lázaro Báez, José López, Carlos Kirchner y Abel Fatala, entre otros.
El miércoles pasado, el programa A Dos Voces, de TN, mostró las 227 pruebas que la Justicia tiene contra Cristina Kirchner. Según el dictamen, el kirchnerismo tuvo un “plan sistemático” para apropiarse de fondos públicos.
El pedido de indagatoria había sido hecho a Ercolini por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Cristina quedó en la mira de la Justicia por su responsabilidad en la presunta organización de un sistema de corrupción a partir de la millonaria obra pública vial que se realizó en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que habría servido para enriquecer a Lázaro Báez, entre otros empresarios.
LA MANIOBRA DE CORRUPCIÓN
Según el documento de los fiscales, Néstor y Cristina Kirchner llevaron adelante un plan sistemático para apropiarse de parte del dinero público en favor de su patrimonio personal.
El esquema que tenían armado era para derivar obra pública al dueño de Austral Construcciones a través de licitaciones millonarias digitadas. Luego, el empresario habría devuelto parte de esa plata al matrimonio alquilando en forma ficticia habitaciones en los hoteles de los Kirchner. Habrían recibido 4 millones de dólares y otros 20 millones de pesos.
El dictamen, firmado por Pollicita y Mahiques, está distribuido en 69 páginas en la que los fiscales piden que haya “un progreso judicial sin dilaciones”.
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ ERCOLINI
Ercolini recordó además que en su juzgado también está en trámite otro expediente: el caso Hotesur, empresa administradora de hoteles de la que la exmandataria es accionista. El juez investiga “presuntos retornos a la ex familia presidencial”, que “provendrían de los fondos obtenidos ilícitamente a costa del erario público”.
“Efectivamente, esa pesquisa tiene por objeto determinar si parte de los aquí imputados fueron beneficiados por los pagos que distintos empresarios, favorecidos por el Estado, habrían realizado a su favor, a través contrataciones con relación a sus complejos hoteleros”, agregó Ercolini.
La expresidenta está procesada también por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública en un expediente que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro en el Banco Central al final de su mandato.
