El funcionario indicó que esta medida va dirigida “a quien cause daño a la infraestructura o equipamiento público, es decir, adquiridos y financiados con fondos de todos los chilenos y chilenas. Debe haber un responsable de esos hechos.”
“No se trata necesariamente de querellas penales, aunque también pueden serlo, sino demandar civilmente a padres de menores de edad que han participado en destrucción de bienes públicos”, señaló Aleuy.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) será el encargado de iniciar las acciones judiciales contra los padres de los menores que se vean involucrados en acciones de destrucción a bienes públicos.
Sobre la medida, el vocero de la Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios (Cones), José Corona, declaró que con esta política se deja la “puerta abierta para la represión del movimiento estudiantil”.
“No creo que sea una medida correcta para acabar con la violencia dentro de las marchas, porque el actuar de Carabineros y la arbitrariedad con la que se manejan, terminarán condenando a más inocentes que culpables. Muchas veces esos (detenidos) son estudiantes secundarios, menores de edad, que no tienen que ver y no son responsables de los destrozos”, señaló Corona.
La medida es tomada por el gobierno al considerar los costos que generan las marchas e incidentes en fechas emblemáticas para Chile, como pasó en el Día del Joven Combatiente, que se recuerda todos los 29 de marzo por el crimen de los hermanos Vergara Toledo, asesinados por Carabineros en 1985.
