La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia, reclamó a la Cámara Federal que declare la nulidad de los procesamientos por asociación ilícita y lavado de activos dictados en su contra en la causa Los Sauces y que les levante la prohibición de salida del país.
“La instrucción de esta causa resultó ser un mero montaje dirigido a lograr impacto mediático y que debía concluir como se lo había planificado previamente: con el dictado de un procesamiento, un embargo millonario y otras medidas cautelares afines”, advirtió el abogado defensor Carlos Beraldi.
En este sentido, remarcó que todo ello sucedió “sin importar que en la causa no se haya acreditado, porque no ha existido, delito alguno”.
El abogado pidió que se declaren nulos los procesamientos, se levante la prohibición de salida del país para la ex presidenta y sus hijos y se anulen también los multimillonarios embargos ordenados.
Los planteos fueron hechos en un escrito entregado a la sala I de ese Tribunal de Apelaciones, que había convocado para hoy a la audiencia previa a comenzar a revisar las decisiones tomadas en la causa por el juez federal Claudio Bonadio.
La decisión quedará en manos de los camaristas de la Sala I Eduardo Freiler, Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, quienes recibieron hoy los argumentos de las defensas de los 21 procesados en el caso.
Beraldi presentó su escrito a nombre de sus clientes: la ex presidenta, sus hijos, la hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, Romina Mercado y el contador de la familia Victor Manzanares.
Todos están procesados por integrar una supuesta asociación ilícita dedicada al alquiler ficticio de propiedades de los Kirchner a empresarios beneficiados con obra pública para encubrir el pago de sobornos durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y de su esposa.
“Se trata de una resolución vergonzosa, carente de todo basamento jurídico, que ignora y distorsiona de manera intencional la prueba recogida en la causa y, por ende, vulnera todas y cada una de las garantías constitucionales que hacen al debido proceso legal”, advirtió el abogado en el escrito al que accedió Télam.
En este punto, enmarcó lo ocurrido con la ex presidenta y sus hijos en “Los Sauces” en la “necesidad de dictar resoluciones “judiciales” direccionadas a ocasionar estrépito en la opinión pública”.
Para la defensa de la ex presidenta, Bonadío no era el juez competente para intervenir en la investigación y pese a ello indagó y procesó a 21 personas para luego reconocer su incompetencia y enviar el caso a su par Julián Ercolini, a cargo de la causa Hotesur.
“Resulta increíble que un juez, por un lado, reconozca que no es el magistrado habilitado por ley para intervenir en la causa, y por el otro, se “permita” continuar a cargo de la misma”, advirtió la defensa-
El 3 de abril pasado, Bonadio procesó a la ex Presidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita, lavado de activos de origen ilícito y negociaciones incompatibles con un embargo de 130 millones de pesos.
Idénticos delitos adjudicó a sus hijos con un embargo igual para Máximo y cien millones de pesos para Florencia.
La ex presidenta fue enviada ya a juicio oral en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, está procesada en otra investigación por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez y tiene un pedido de indagatoria fiscal en la causa Hotesur.
Además, está imputada en la causa que investiga el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en base a una denuncia presentada por el entonces fiscal Alberto Nisman pocos días antes de ser hallado muerto en el departamento en el que vivía en la zona porteña de Puerto Madero.
