“El aporte en efectivo es como pasar un cubo de hielo de mano en mano”. María Page, coordinadora del Programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), apela a esa metáfora para dar cuenta de la informalidad en torno a las donaciones en efectivo que acapararon casi la totalidad de los aportes declarados por los partidos políticos en las elecciones presidenciales del año pasado.
Casi la totalidad, literalmente: según un informe de CIPPEC en base a datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) aportados por las alianzas partidarias, el 99 por ciento de los aportes a la campaña del 2015 fueron en efectivo, lo que impide el control y el conocimiento del origen de esos fondos y facilita el lavado de dinero. Es una de las conclusiones elaboradas por la ONG y presentadas a un grupo de medios, entre los que participó Infobae, y relacionadas al debate alrededor del financiamiento de la política en nuestro país, una discusión que el oficialismo quería encarar el próximo año y que ahora se empantanó tras el revés parlamentario al proyecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo.
“Hay una ficción sobre la que se incrementaron los controles, y luego está la informalidad. Hoy vemos en los aportes de campaña, por ejemplo, gente involucrada en el tráfico de drogas o plata en efectivo en situaciones sospechosas. ¿Tiene sentido seguir mirando el blanco cuando el 90 por ciento es informal?”, se pregunta Page. La reforma de ley de financiamiento de los partidos políticos del 2009 -un año después del Triple Crimen de General Rodríguez y su vinculación con la financiación de la campaña kirchnerista del 2007-, que prohibió las donaciones de empresas en período electoral, incrementó el flujo de efectivo sin bancarizar. Mientras en 2007 el aporte en efectivo fue del 88 por ciento sobre el total de lo declarado por los partidos, en 2011 pasó al 92 por ciento hasta llegar al 99 por ciento del año pasado. “Los partidos luego lo bancarizan, pero no se sabe de dónde viene el dinero ni el origen porque no es a través de transacciones”, explicaron desde CIPPEC.
La ley vigente, que el Gobierno reconoce por lo bajo que será muy difícil modificar el próximo año y cuyos detalles e inquietudes fueron publicados por este medio en una serie de notas, les permitió a los partidos la subdeclaración de los gastos, entre otras excentricidades. Mientras el tope en la elección general del 2015 fue de 172 millones de pesos, Cambiemos declaró, por ejemplo, un gasto de algo más de 90 millones (54 por ciento del total), el Frente Para la Victoria poco más de 50 millones de pesos (32 por ciento del total) y UNA 40 millones (22 por ciento del total declarado). Es decir que si bien los referentes partidarios admitieron en estricta reserva haber gastado unos 1.000 millones de pesos en algunos casos, en la elección principal a Presidente aseguraron a la CNE haber usado la mitad o mucho menos del tope previsto por la normativa vigente. En el entorno de Mauricio Macri, por caso, hay una creciente preocupación por la logística de la recaudación de la campaña legislativa del 2017 tras la caída de la reforma política y el proyecto de modificación de la ley de financiamiento, todavía en etapa de borradores, herido de muerte.
Con el impulso del proyecto de reforma política, además de la supuesta búsqueda de transparencia en el sistema de votación con la Boleta Única Electrónica, el Gobierno quería eliminar el gasto -también informal- en fiscalización y boletas. En ese sentido, menos el Frente de Izquierda, el resto de las alianzas volvieron a caer en una curiosa excentricidad en las elecciones del año pasado: entre sus rendiciones, los principales partidos declararon menos de 1 por ciento en gastos operativos. Es decir, aseguraron casi no haber gastado fondos en retribución a fiscales, movilidad o viáticos. En un universo de unos 100.000 fiscales a nivel nacional, el gasto de una elección insume al menos 50 millones de pesos.
Entre las propuestas de CIPPEC, que en lo que va del año trasladó sus inquietudes respecto del financiamiento de la política a dirigentes de todos los partidos, se distinguen el límite a las donaciones en efectivo a montos pequeños, el permiso a empresas y a sindicatos a que aporten a las campañas y un registro online de gastos e ingresos en períodos electorales.
En el entorno de Macri hay, en la misma línea, otra preocupación relacionada con la recaudación: están convencidos de la dificultad a la que se enfrentarán el año entrante para recolectar aportes en blanco por la lupa a la que estarán sometidos los donantes.
Por Federico Mayol
