Un proyecto que crea un programa de acompañamiento para adolescentes que al cumplir los 18 años deben abandonar las instituciones en las que crecieron al resguardo de las situaciones de abandono, abuso o violencia experimentadas en sus hogares de origen está a punto de obtener luz verde de la Cámara de Diputados, donde en comisiones ya obtuvo dictamen por unanimidad.
La iniciativa se propone “garantizar la plena inclusión social y el máximo desarrollo personal” de los jóvenes “sin cuidados parentales”, es decir, los que fueron separados de sus padres como una medida excepcional de protección para quedar al cuidado del Estado en hogares convivenciales o familias de acogimiento.
Para ello prevé dos herramientas fundamentales: la asignación de un referente que acompañe al adolescente desde los 13 a los 21 años para tomar decisiones relativas a su salud, educación, vivienda, planificación financiera y otras, y la percepción de una asignación económica mensual igual al 80 por ciento del salario mínimo a partir del egreso de estos dispositivos cuando se produzca en esa franja etaria.
En Argentina, los chicos y adolescentes sin cuidados parentales eran 14.675 en 2012, según un relevamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que detectó que sólo el 54 por ciento de los que egresaron de estas instituciones ese año lo hicieron porque habían podido revincularse con sus familias, mientras que el 28 por ciento tuvo que abandonar los hogares por haber cumplido la mayoría de edad.
“Cuando estamos por cumplir los 18 años uno siente que la bomba está por explotar y empezás a hacer malabares, ya que uno no puede adquirir la autonomía de la noche a la mañana: es un proceso que lleva tiempo, más en chicos como nosotros”, explicó a Télam Tatiana Lusting, una joven de 23 años que hace cuatro egresó de un hogar convivencial sin vivienda ni trabajo estable.
Según Lusting -que estudia en la universidad, vive sola y trabaja- “el 90 por ciento vuelve con su familia a pesar de que no quería, o se va a vivir a la calle”, porque no tienen opción.
Mariana Incarnato, directora ejecutiva de la asociación civil Doncel, de ayuda a jóvenes institucionalizados en transición hacia la vida autónoma, aseguró a Télam que el proyecto apunta a subsanar la “falta de políticas a nivel nacional que garanticen apoyo económico y emocional” para este grupo, como consecuencia de lo cual, por ejemplo, “la mitad de los que egresan tiene que dejar la escuela”.
Esta psicóloga especializada explicó que la sanción de esta ley implicará “equiparar las responsabilidades alimentarias” que el Código Civil exige a los padres con las que el propio Estado asume cuando toma a su cargo los cuidados parentales de un chico o un adolescente.
“Si el Código Civil establece que los padres deben alimentos a sus hijos hasta que cumplan los 21 años en todos los casos, ¿por qué el Estado cuando toma bajo su responsabilidad al adolescente no responde de la misma manera?”, planteó la experta.
Incarnato consideró “urgente atender a este grupo que muchas veces vuelve en muchas peores condiciones a requerir el apoyo del Estado”, porque ya son “chicos en situación de calle, con adicciones o bajo el régimen penal judicial”.
La diputada Ana Carla Carrizo (UCR), autora del proyecto, destacó el proceso que llevó su discusión en el Parlamento, que se inició con un grupo de jóvenes egresados de hogares presentándose ante los legisladores para hacer oír su problemática.
“Posteriormente, en marzo de 2016, se hizo una audiencia pública en la que por primera vez estos jóvenes invisibles, que paradójicamente el Estado tiene a su cargo”, le explicaron a los diputados “cómo se los puede cuidar mejor”, señaló Carrizo.
En base al trabajo con estos jóvenes integrantes de Doncel, Unicef, Flacso y la Facultad de Derecho de la UBA elaboraron esta iniciativa que se propone demostrar que “el cuidado estatal puede ser de calidad”.
La legisladora se mostró confiada en que el proyecto -que reunió más de 2.000 firmas de adhesión en Change.org- recibirá mañana media sanción por el gran consenso cosechado en los distintos bloques, lo que demuestra que “los derechos no tienen partido, sino razones”.
En tanto, la especialista en Protección de Derechos de Unicef, Manuela Thourte, dijo a Télam que la norma será “un gran avance” porque implica por primera vez “reconocer que hay que empezar a trabajar con estos chicos desde los 16 años o antes, para que puedan egresar de la mejor manera posible”, dado que además deben salir al mundo mucho antes que la mayoría de sus pares.
“La mayoría de los adolescentes se van de su casa muchísimo más tarde y siempre tienen familia donde volver si las cosas no funcionan. En cambio -comparó-, los chicos que egresan de los hogares tienen que buscar solos dónde vivir y una salida laboral a los 18 años porque el Estado se ocupa de ellos hasta esa edad”.
