El juez federal Sergio Torres amplió el procesamiento que le había dictado a principios de septiembre pasado al ex vicepresidente Amado Boudou por el delito de administración fraudulenta debido a la compra de autos de lujo cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner.
Hace cinco semanas se conoció el procesamiento de Boudou por la adquisición de 19 autos de alta gama realizada por el Ministerio de Economía en diciembre de 2009 por un valor de 2.131.400 pesos. Lo hizo mediante una subasta privada. El juez había determinado que el procedimiento se acomodó a tal punto que la concesionaria Volkswagen “Guido Guidi S.A” convocó a aquella subasta por los autos una vez que Economía decidió hacer la compra. Se adquirieron tres Passat, tres Vento y 13 Bora.
El juez Torres comprobó que se saltearon los procedimientos legales para realizar la compra, y que el negocio se hizo con celeridad. La premura tenía un objetivo: utilizar el dinero que Economía tenía en 2009 dentro de su presupuesto y que no iba disponer al año siguiente.
Durante la investigación original se determinó que se había cometido otro delito. Según la ampliación del procesamiento que Torres firmó la semana pasada, quedó comprobado que Daniel Reposo, quien encabezaba la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en 2009, falsificó una nota de ese organismo para establecer precios “indicativos” de dos autos que se incorporaron a último momento a la lista de los que iba a comprar el ministerio de Economía. Uno de los autos que se había sumado al listado había sido dejado de fabricar por lo que el personal de línea de la SIGEN no había podido establecer la cotización. Pero –a pesar de ello-en la nota firmada por Reposo, se estableció un precio.
En la ampliación del procesamiento, a la que Infobae accedió en fuentes judiciales, Torres señaló que “En definitiva, mediante el informe inventado, suscripto por el entonces Síndico General de la Nación, se procuró informar importes superiores a los que ofrecía “Guido Guidi. SA”. Sin embargo, como se dijo, ello era un resultado esperable, si tenemos en cuenta que debía informar un valor medio de mercado que incluía conceptos no contemplados en la subasta de “Guido Guidi SA”. Y agregó: “Nótese que, de ser cierta la necesidad de una flota vehicular, y entonces todo el proceso se hubiera gestionado mediante el procedimiento pertinente, invitando a las terminales de las otras empresas también propuestas –pero nunca consultadas-, teniendo en cuenta los precios correspondientes a ventas corporativas, y haciendo un análisis pormenorizado y crítico de las características técnicas los vehículos que cada uno podía ofrecer, de seguro no se hubiera optado por participar de una subasta que implicaba el desembolso de un importe mayor. De esta manera, sobresale que, a los efectos de la defraudación realizada, la incorporación del informe falso rubricado por Reposo ha cumplido un rol determinante para la prosecución de un trámite que culminaría con una adquisición por demás cuestionada. Y es que tal adquisición se habría visto truncada de no ser por el simulado informe de Daniel Reposo, agregado funcionalmente al tiempo de la subasta”.
Luego de haber emitido un informe que avalaba los precios de la compra, Reposo consiguió para la SIGEN uno de los autos de alta gama adquiridos por Economía. Aunque lo devolvió cuando se comenzó a investigar el caso. Reposo fue indagado por Torres y negó -igual que el resto de los imputados- haber cometido delito. El juez le amplió el procesamiento a Boudou y a Benigno Vélez quien fuera secretario Legal y Administrativo Economía por el delito de “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso”. Y a Reposo, los empresarios Guido y Fernando Guidi (dueños de la concesionaria involucrada en el caso) y al ex funcionario de Economía Álvaro Palencia Reffino como partícipes necesarios de los delitos de “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso”.
