Luego de haber sido citada por segunda vez, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, debía presentarse a declarar ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que tiene a cargo la causa por el programa de viviendas sociales del kirchnerismo Sueños Compartidos. De Bonafini no se presentó y el magistrado la declaró en rebeldía y ordenó detenerla. ¿De qué se la acusa?
De Giorgi busca determinar cuál fue la responsabilidad de Bonafini en un supuesto fraude al Estado a través del programa viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo (FMPM). Para la construcción de las casas, la FPMP había celebrado una serie de convenios con el Ministerio de Trabajo, que encabezaba Carlos Tomada.
Según consta en la resolución del juez, Trabajó desembolsó entre 2008 y 2011 la suma de $ 58.834.800 para asistir a la FMPM. Entre otros puntos, no se pagaron aportes de empleados, las obras carecían planes de trabajo ajustados a un calendario y los presupuestos carecían de apertura de ítems. Además, el valor del metro cuadrado superó el costo fijado por el Programa Techo Digno.
En lo que a la aplicación de los fondos que el Gobierno kirchnerista había girado, el juez determinó que de los $ 748.719.414,64 que la subsecretaría de Obras Públicas había transferido a las jurisdicciones locales y que fueron canalizadas en distintas cuentas bancarias de la FMPM, sólo $516.247.173,07 pudieron ser asociados a débitos vinculados a la gestión de obras. Es decir, $ 206.438.454,05 fueron desviados sin un fin específico.
En esa causa, el magistrado citó a otras 42 personas, entre las que se encuentran los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y varios exfuncionarios de los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. El 6 de julio de 2016, la titular de Madres de Plaza de Mayo ya había faltado a la primer citación que le había hecho el juez y no podía desconocer que en esta oportunidad podía ser llevada por la fuerza pública.
