Por seis votos a favor y dos en contra, la comisión decidió avanzar con la acusación realizada en el 2015 por la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentada luego de que Rafecas cerrara la investigación por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, por “inexistencia de delito”.
La legisladora sostuvo en su escrito que el titular del Juzgado Federal N° 3 tuvo una “arbitrariedad intencional” al dar por finalizada la causa que inició Nisman contra la entonces mandataria nacional por la firma del Memorándum con Irán.
Rafecas fue citado por la comisión para que brinde su descargo antes de seguir con el proceso de remoción, por lo que ahora tiene diez días hábiles para presentarse ante el Consejo y defender su accionar, trámite que se llevaría adelante el próximo 7 de diciembre.
Así lo dispusieron los consejeros Pablo Tonelli (diputado del PRO), Ángel Rozas (senador de la UCR), Miguel Piedecasas (abogado), Gustavo Valdés (diputado de la UCR), Juan Bautista Mahiques (Poder Ejecutivo) y Jorge Candis (académico), mientras que su par Luis María Cabral (juez) manifestó su disidencia parcial y Leónidas Moldes (también juez) se pronunció en contra.
Estuvo ausente el restante integrante de la comisión, el senador del Frente para la Victoria Mario Pais, pero sí presenció la jornada su colega Rodolfo Tailhade (diputado de la misma fuerza, pero que no integra la comisión), quien cuestionó duramente la iniciativa del oficialismo.
Rozas, instructor de la acusación presentada por Carrió, aseguró que Rafecas mostró un “análisis parcializado” durante su actuación en la causa de Nisman y tuvo “manifestaciones políticas impropias”.
Cuestionó su “inusual premura” en la decisión de cerrar el caso y consideró que las pruebas “tienen verosimilitud suficiente” y pueden “derivar en una causal de destitución”.
Además, el radical afirmó que el juez federal “realizó llamadas para intimidar” al diputado macrista Waldo Wolff, quien luego se sumó a la denuncia de la legisladora de la Coalición Cívica.
Ahora, los consejeros escucharán el descargo del magistrado y luego tendrá 20 días hábiles para votar si se continúa con el pedido de destitución.
Para dar inicio a un juicio político contra Rafecas, el oficialismo deberá conseguir el respaldo de nueve de los 13 miembros del cuerpo, número con el que no contaría en principio, por lo que deberá negociar con los consejeros representantes del Poder Judicial y de la oposición.
